En todos los municipios del departamento del Cesar ya comienzan a registrarse movimientos políticos de cara a las elecciones regionales que se realizarán en el país el próximo 27 de octubre de 2027.
Cada partido político, de manera directa o indirecta, ha empezado a mostrar sus fichas de posibles aspirantes a cargos de elección popular. Otros de los que quieren llegar a un palacio municipal lo han hecho de manera independiente, recurriendo a algunos aliados y amigos cercanos.
En medio de este panorama, hay exfuncionarios que ya tuvieron el privilegio de ser alcaldes municipales y que ahora, para los próximos comicios, están poniendo nuevamente a consideración del pueblo sus nombres como una de las opciones.
Muchos de ellos han enfrentado procesos en diferentes instituciones del orden disciplinario, fiscal e incluso penal.
Para esta nota periodística, por el momento, se hablará de nueve exalcaldes con aspiraciones políticas nuevamente.
Juan Enrique Mendoza Arzuaga – San Diego
Entre estos está Juan Enrique Mendoza Arzuaga, quien fue alcalde del municipio de San Diego durante el periodo 2008-2011.
La Procuraduría General de la Nación le adelantó un proceso verbal por el presunto préstamo gratuito, bajo la figura de comodato, de unos locales comerciales en la terminal de transportes del municipio a favor de un particular. Inicialmente, la Procuraduría Provincial de Valledupar llegó a calificar preliminarmente la conducta como una falta gravísima.
Sin embargo, luego de analizar las pruebas y los argumentos de la defensa, el entonces procurador provincial de Valledupar, Javier Rojas Martínez, absolvió de toda responsabilidad a Mendoza Arzuaga.
El órgano de control determinó que la figura utilizada se ajustó legalmente a un contrato y no a un comodato irregular, cerrando así la investigación en mayo de 2011.
Francisco Meza Altamar – El Copey
Uno de los alcaldes que ha sido polémico en los últimos periodos administrativos en el departamento del Cesar es Francisco Manuel Meza Altamar, exburgomaestre del municipio de El Copey, quien
posee múltiples procesos en su contra que abarcan investigaciones disciplinarias y penales por presuntos actos cometidos durante su mandato 2020-2023.
Diferentes archivos de entidades investigativas indican que la Fiscalía General de la Nación lo judicializó por presunto interés indebido en la celebración de contratos en 14 ocasiones y concierto para delinquir agravado. Estos hechos están relacionados con contratos celebrados en 2020 por una suma que presuntamente supera los $4.000 millones.
Esto llevó a que tuviera una medida de aseguramiento en 2023, mientras ejercía sus funciones como alcalde. Un juez le impuso la medida en su lugar de residencia.
También la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por la presunta utilización inadecuada de bienes y recursos públicos durante la vigencia de 2022.
Andry Aragón Villalobos – El Paso
El exalcalde del municipio de El Paso, Andry Aragón, aparece vinculado a una investigación de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el auto del 14 de mayo de 2004, el procurador provincial de instrucción de Valledupar ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de este exfuncionario.
Laura Marcela Herrera Trillos – Curumaní
La exalcaldesa del municipio de Curumaní, Laura Marcela Herrera Trillos, sí enfrentó denuncias y un proceso en la Fiscalía General de la Nación.
Tras ganar las elecciones de 2015, asumió formalmente el cargo a pesar de tener una medida cautelar de suspensión emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Debido a esto, fue denunciada ante la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el ejercicio irregular de funciones, al haberse posesionado y ejercido el cargo de forma contraria a una orden judicial.
Además, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad de su elección y la destituyó formalmente del cargo, tras haber gobernado tan solo unos días. El tribunal determinó que estaba inhabilitada por su vínculo matrimonial con Henry Chacón Amaya, quien fuera alcalde saliente de dicho municipio y que en ese entonces afrontaba investigaciones penales complejas.
Edwer Pérez Acosta – Pelaya
En este mismo orden está Edwer Pérez Acosta, exalcalde de Pelaya, quien estaría buscando aspirar nuevamente a liderar el municipio.
A diferencia de otros mandatarios de ese mismo municipio que sí han enfrentado investigaciones o condenas judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, su gestión durante el periodo 2016-2017 no registra ese tipo de cuestionamientos, ni en los archivos oficiales ni en los medios de comunicación locales.
Leusman Guerra Rico – San Martín
Mirando hacia el sur del Cesar, está el exalcalde de San Martín, Leusman Guerra Rico, quien durante su mandato enfrentó diversos cuestionamientos públicos y denuncias por presuntas irregularidades en la contratación.
En la época de la pandemia por el COVID-19 otorgó contratos bajo la figura de urgencia manifiesta, supuestamente a través de una fundación denominada Dejando Huella.
También se le cuestionó por presuntamente beneficiar a su padre en programas sociales durante 2022.
En una investigación realizada por este mismo medio de comunicación se dio cuenta de que el entonces alcalde le entregó contratos a su compadre Juan Manuel Quintero. Estos fueron firmados por dos empresas: uno con la fundación que ya mencionamos y los otros dos con una empresa denominada Consultoría y Ejecución Técnica de Labores Agroindustria y Obras Civiles S.A.S.
Carlos Mario ‘Callo’ Calderón Ortega – San Diego
Hacia el centro del departamento está el municipio de San Diego, donde figura el exalcalde Carlos Mario ‘Callo’ Calderón Ortega, quien, tras su mandato, ha estado presuntamente involucrado en procesos de control y judiciales.
Entre estos aparece una investigación en la Procuraduría General de la Nación por un convenio de servicios públicos de aseo en 2021, así como un proceso ejecutivo con medidas cautelares de embargo interpuesto ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar.
También la Contraloría General de la República emitió un auto de imputación de responsabilidad fiscal estimado en más de $4.000 millones.
El proceso surgió de una denuncia ciudadana en 2021 que reveló presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo número 070 de 2019, entre el municipio de San Diego y el Consorcio San Diego.
Gustavo Enrique Aroca Dajil – Chiriguaná
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Chiriguaná, Cesar, Gustavo Enrique Aroca Dajil (2012-2015), por presunta desatención de su deber legal de dar cumplimiento a una decisión judicial de reparación directa proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar.
El ente de control investigó la decisión en la que el municipio habría sido condenado al pago de $945 millones, dentro del asunto No. 201-0001-33-31-004-2009-00265-00-00, suma que debía ser cancelada a los demandantes en los siguientes 10 meses a la decisión. Sin embargo, al parecer, desde la fecha ejecutoria de la sentencia de segunda instancia se han sumado intereses por aproximadamente $335 millones, para una posible deuda total de $1.281 millones.
Asimismo, la Procuraduría afirmó en su decisión que el exalcalde “al parecer opta por desatender un deber legal, al incumplir lo ordenado por un juez en una sentencia judicial dentro de un proceso, lo cual constituye una conducta de suma gravedad, porque prolonga la vulneración de un derecho y constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia”.
Por lo anterior, el ente de control calificó provisionalmente la falta del investigado como grave, a título de culpa gravísima.
Ever Antonio Santana Torres, en Manaure Balcón del Cesar
Este es exalcalde también presentó investigaciones, de acuerdo con el radicado IUS-E-2020-436637, IUC-D-2020-1697029, mediante auto del 19 de marzo de 2024, la Procuradora Provincial de Instrucción de Valledupar ordenó la apertura de una investigación disciplinaria y la acumulación de una indagación previa contra de, Ever Antonio Santana Torres, y a Raúl Niebles Martínez y Daniel Alejandro, estos últimos exfuncionarios municipales.
