Lo que hoy ocurre en Gamarra no es una emergencia imprevista. Es el resultado de una serie de decisiones, omisiones y advertencias ignoradas que terminaron por llevar al colapso del sistema de acueducto municipal.
Mientras la comunidad enfrenta racionamientos y ausencia total del servicio en varios sectores, el alcalde Cristian Márquez ha optado por denunciar públicamente la crisis financiera de la empresa de servicios públicos, en un discurso que, lejos de aclarar responsabilidades, plantea serios cuestionamientos sobre su gestión.
Una deuda que creció sin control
La investigación permitió establecer que la deuda de la Empresa de Servicios Públicos de Gamarra (Empugam) con el sector energético supera los $6.000 millones y podría acercarse a los $10 mil millones. Fuentes del sector energético consultadas por el Semanario La Calle coinciden en que el problema central ha sido el no pago sostenido durante años, sin que se adoptaran medidas estructurales para frenar el crecimiento de la obligación.
Lejos de tratarse de un hecho repentino, la deuda fue escalando progresivamente hasta comprometer la operación del sistema de bombeo, esencial para el suministro de agua potable.
El sistema ya era insostenible antes del racionamiento
De acuerdo con la información recopilada, Empugam factura cerca de $37 millones mensuales, pero el recaudo real es significativamente inferior. En contraste, los costos de energía superan los $50 millones mensuales, generando un déficit permanente que hacía inviable la operación incluso antes de que estallara la crisis actual.
Fuentes técnicas advierten que esta brecha financiera era conocida y que no se implementaron correctivos eficaces para evitar el deterioro del sistema.
El modelo de energía evidenció el colapso, no lo provocó
Otra de las conclusiones de esta investigación es que la implementación de medidores prepagados por parte de la empresa de energía no fue la causa de la crisis, sino el factor que la hizo visible.
Según fuentes del sector energético consultadas por este medio, el cambio respondió al incumplimiento reiterado en los pagos y dejó al descubierto la incapacidad de Empugam para sostener el servicio bajo las condiciones existentes.
Desde entonces, el sistema opera bajo una lógica crítica: sin recarga, no hay bombeo; sin bombeo, no hay agua.
Advertencias ignoradas desde la comunidad
Fuentes comunitarias consultadas por el Semanario La Calle aseguran que el deterioro del servicio venía siendo denunciado desde hace meses, sin que se evidenciaran acciones contundentes por parte de la administración municipal.
Las quejas por intermitencias, baja presión y fallas constantes en el suministro habrían sido señales tempranas de una crisis mayor que no fue atendida con la urgencia requerida.
Un discurso oficial que llega cuando el sistema colapsó
En medio de la crisis, el alcalde Cristian Márquez ha reconocido públicamente la inviabilidad financiera de la empresa y las dificultades para garantizar el servicio.
Sin embargo, este reconocimiento se produce cuando el sistema ya colapsó y la población enfrenta las consecuencias.
El enfoque del mandatario ha estado centrado en explicar la crisis, señalar las deudas y advertir sobre la falta de recursos, sin que hasta el momento se establezcan responsabilidades claras por la falta de acciones preventivas.
¿Gestión o deslinde de responsabilidades?
El comportamiento de la administración abre un debate de fondo:
¿se trata de una crisis heredada o de una situación que se permitió escalar sin control?
Los hallazgos indican que, más allá del origen de la deuda, la falta de decisiones oportunas durante la actual administración contribuyó a profundizar el problema.
Hoy, el alcalde Cristian Márquez aparece en un rol que ha generado críticas: el de denunciante de una crisis que debía gestionar.
Para distintos sectores, esta postura se asemeja a un intento de deslindar responsabilidades, en un momento en el que la prioridad debería ser ofrecer soluciones inmediatas.
La crisis que se dejó crecer
Gamarra enfrenta hoy una de sus mayores crisis en servicios públicos, con cerca de 17 mil habitantes afectados por el racionamiento de agua.
La solución estructural planteada, una granja solar, podría tardar meses en entrar en funcionamiento, lo que prolonga la emergencia.
Mientras tanto, la realidad es contundente: el sistema colapsó, la comunidad paga las consecuencias y la administración, en lugar de asumir plenamente su rol, intenta explicar una crisis que no fue inevitable.
Porque en Gamarra, más que falta de agua, lo que queda en evidencia es una falla en la gestión.