
En Uribia, San Juan del Cesar, Riohacha, Manaure y Maicao, gestores culturales reconocidos en los Premios Departamentales de Cultura 2025 todavía esperan recibir los estímulos económicos prometidos. Lo que debía ser un homenaje a sus años de trabajo por las tradiciones de La Guajira terminó convertido en una cadena de reclamaciones. En Uribia, dos de los casos son los de Alicia Castillo e Isaac Gámez, reconocidos como Personajes del Año municipal, quienes siguen esperando los cinco millones de pesos asignados a cada uno.
Casi un año después de la ceremonia, los pergaminos permanecen como prueba de un reconocimiento que, para algunos ganadores, no se ha cumplido por completo. La convocatoria contempló alrededor de 60 cultores y, según lo expuesto por líderes políticos departamentales, los estímulos podían alcanzar los diez millones de pesos por beneficiario. La bolsa estimada rondaría los $600 millones. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre cuántos pagos se han realizado, cuánto dinero continúa pendiente y qué ocurrió con los compromisos adquiridos.
La inconformidad llegó hasta la Asamblea Departamental, donde se cuestionó que algunos beneficiarios recibieran sus pagos después de protestar, mientras otros continuaban esperando. Durante el debate de control político se estableció un plazo de 20 días para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. La pregunta sigue siendo por qué quienes fueron reconocidos por su trabajo cultural deben acudir a manifestaciones y trámites para recibir un estímulo que ya les fue otorgado.
El dinero fue transferido, pero el pago sigue pendiente
Alicia Castillo e Isaac Gámez fueron reconocidos en diciembre de 2025 en la categoría Personaje del Año municipal. A cada uno le correspondieron cinco millones de pesos, que, según sus familiares, debían ser consignados en un plazo de 15 días hábiles.
Entre los documentos conocidos por esta investigación aparece un comprobante de transferencia por $10.986.924, fechado el 3 de noviembre de 2026, con destino al Fondo Mixto. Sin embargo, ese soporte, por sí solo, no permite establecer el concepto exacto del movimiento ni demuestra que los recursos hayan llegado a los dos beneficiarios.
Ante la falta de pago, fue presentado un derecho de petición a la Alcaldía de Uribia para conocer “la razón o justificación administrativa, presupuestal o legal por la cual a la fecha no se ha efectuado el desembolso correspondiente a dichos galardonados”. También se solicitó información al Fondo Mixto sobre el manejo de los recursos y el estado de las obligaciones.
Una fuente interna reservada, que acompaña la reclamación de los ganadores, contó que en agosto les solicitaron documentos y datos bancarios con la promesa de realizar el pago durante ese mes. La consignación nunca llegó. Según su relato, intentó comunicarse con el gerente del Fondo Mixto, Larry Iguarán Vergara, y posteriormente recibió un mensaje desde otro número. En esa comunicación, el funcionario habría manifestado que «no se iba a quedar con el dinero» y que lo estaba devolviendo, sin explicar qué había ocurrido ni por qué los beneficiarios seguían sin recibirlo.
Este medio intentó obtener la versión de Iguarán Vergara sobre las transferencias, las reclamaciones y los pagos pendientes, pero no recibió una respuesta de fondo.

Alicia, una vida entregada a los demás
A sus 75 años, Alicia Castillo tiene una trayectoria ligada a la cultura y al trabajo comunitario de Uribia. Fue presidenta en dos oportunidades del comité organizador del Festival de la Cultura Wayuu y, junto con Isaac Gámez, participó en los primeros años del Festival de la Iguaraya. También estuvo vinculada a los carnavales del municipio y fue reina central de la Alcaldía.
Su labor no se limitó a los escenarios culturales. Durante su participación en programas de protección indígena, recibía familias wayuu en el patio de su casa y les ofrecía alojamiento, alimentación y apoyo con sus propios recursos. Posteriormente trabajó en la Secretaría de Educación municipal.
“Mi mamá ha sido una mujer muy entregada al servicio de los demás, preocupada por la niñez y la cultura de su municipio”, relató su hija, quien también la recordó como “una mujer luchadora, que daba lo que no tenía”.
Actualmente, Alicia enfrenta problemas de salud y pérdida de memoria, según contó su familia. Su hija recuerda que fue madre y padre para sus hijos y que dedicó buena parte de su vida a ayudar a los demás. Por eso, el reconocimiento recibido tenía un significado especial: era una forma de valorar años de servicio que, hasta ahora, no se han traducido en el estímulo económico anunciado.

Protestar para recibir y callar por temor
La falta de claridad sobre los pagos también ha generado cuestionamientos entre líderes políticos del departamento. Una fuente política reservada aseguró que algunos beneficiarios recibieron el dinero después de salir a protestar. “Le pagaron fue a los que protestaron, que eran apenas como 10”, afirmó.
Esta versión no ha podido ser establecida como un hecho. Para comprobarla se requiere conocer el listado completo de beneficiarios, los pagos realizados y sus respectivos soportes. En noviembre, el Fondo Mixto reportó un avance del 72 % en los desembolsos de los premios de 2025, pero ese porcentaje no permite identificar quiénes recibieron los recursos ni quiénes continúan esperando.
El medio también intentó conversar con otros ganadores, aunque no todos estuvieron dispuestos a declarar. Una fuente interna explicó que algunos prefieren guardar silencio y evitar reclamaciones por temor a posibles represalias. Según su relato, la preocupación aumentó en Uribia tras el secuestro de la gestora social Nancy Gómez, cuyo paradero seguía sin conocerse al cierre de esta edición. El silencio de los beneficiarios, por tanto, no puede interpretarse como conformidad con los retrasos.
El Fondo debe explicar cómo ejecutó los recursos bajo su responsabilidad y qué obligaciones siguen pendientes, mientras las administraciones involucradas deben entregar los soportes presupuestales y bancarios que permitan aclarar el recorrido del dinero.
Hasta ahora, no hay pruebas suficientes para establecer el destino final de los recursos señalados en la documentación recopilada durante esta investigación. Sin embargo, persisten preguntas fundamentales: cuánto dinero se transfirió, cuánto se desembolsó, quiénes lo recibieron y por qué otros beneficiarios continúan esperando. El plazo de 20 días anunciado en la Asamblea deberá traducirse en respuestas claras y soluciones concretas.
Alicia pasó años ayudando a su gente. Hoy, a sus 75 años, espera que las instituciones cumplan una promesa de cinco millones de pesos. Su historia refleja la deuda que todavía existe con quienes han dedicado su vida a la cultura de La Guajira.


