El Semanario La Calle adelantó una investigación que destapa las irregularidades detrás de la transformación de la antigua Clínica Buenos Aires S.A.S. en la actual Clínica Reina del Sol, en Valledupar. Lo que en apariencia fue un simple cambio de razón social el 16 de junio de 2025, acompañado de la modificación del NIT, hoy se interpreta como una estrategia administrativa para encubrir años de negligencias médicas, deudas laborales y sanciones migratorias.
De acuerdo con registros oficiales y medios locales, la Clínica Buenos Aires se declaró en quiebra en 2025, iniciando un proceso de reorganización empresarial. En paralelo, se oficializó el cambio de nombre y NIT, lo que generó sospechas entre trabajadores y pacientes, quienes denunciaron que la medida buscaba lavar la imagen institucional más que corregir las fallas estructurales.
Cambiaron de razón social y hasta de NIT
Aunque jurídicamente la nueva sociedad se presenta como distinta, expertos en derecho empresarial advierten que este tipo de cambios pueden configurar una sucesión empresarial encubierta, especialmente cuando se mantienen el mismo lugar, los mismos servicios y socios.
En esos casos, la ley colombiana a través del Estatuto Tributario (artículo 793) y el Código de Comercio, establece que las obligaciones previas no desaparecen y que las autoridades pueden aplicar el levantamiento del velo corporativo para responsabilizar a la nueva sociedad por las deudas y sanciones de la anterior.
Por contratar extranjeros tuvieron líos con migración
El Auto No. 20247060004735 del 12 de noviembre de 2024, emitido por Migración Colombia, dejó en evidencia que la Clínica Buenos Aires S.A.S., bajo la representación legal de Miguel Ángel Torres Carreño, incumplió de manera reiterada la normatividad migratoria al no reportar en el Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE) a los pacientes extranjeros atendidos en urgencias y hospitalización, ni a los trabajadores extranjeros vinculados entre 2022 y 2024. Esta omisión, considerada una infracción moderada según el Decreto 1067 de 2015 y la Resolución 2357 de 2020, no es un simple error administrativo: afecta el control migratorio del país, impide que las autoridades tengan información precisa sobre la presencia y vinculación de extranjeros en el sistema de salud, y expone a la clínica a sanciones económicas que oscilan entre 105 y 2.631 UVT, es decir, multas de varios millones de pesos.
Fueron denunciados por maltrato
El caso de Samuel David Daza Gutiérrez, un joven de 33 años remitido desde Montería , expone las falencias estructurales. La Calle se comunicó con Claudia Romero, hermana del paciente que fue trasladado para estudios urgentes de resonancia y biopsia, pero nunca se realizaron por falta de equipos y mala atención. “No hubo máquina, no hubo absolutamente nadie”, relató a este semanario.
La Secretaría de Salud confirmó que el paciente ingresó en estado crítico, pero reconoció la inconformidad de los familiares por el trato recibido y la falta de insumos adecuados. Incluso se constató que los equipos requeridos eran alquilados y no propios de la institución, lo que retrasó procedimientos vitales.
Manejo irregular deja a los hijos por fuera
La historia de la clínica también terminó en un pleito familiar. María Mónica y Jorge Eliécer Fernández de Castro, accionistas de la actual Clínica Buenos Aires S.A.S., denunciaron que por culpa del manejo irregular de la antigua sociedad y las disputas entre sus padres, se dictaron condenas penales por administración desleal agravada contra su madre y la gerente de la clínica.
El Tribunal de Valledupar ordenó como medida de restablecimiento del derecho anular una escritura de dación en pago sobre el inmueble donde funciona la clínica, afectando directamente a la nueva sociedad y a sus accionistas, quienes aseguran que quedaron por fuera de las decisiones judiciales y golpeados injustamente en su patrimonio.
Hubo denuncias por falta de pago
A la crisis asistencial se suman las denuncias de trabajadores. La Calle habló con Lina Marcela Martínez Contreras, auxiliar de enfermería, asegura que fue desvinculada sin justificación y sin recibir el pago de su salario de diciembre, los quince días laborados en enero ni su liquidación. “Yo no fui a jugar allá con plastilina, fui a salvar vidas. Necesito que me cancelen todo completo”, expresó.
No es un caso aislado: exempleados de la antigua Clínica Buenos Aires realizaron protestas en julio de 2025 denunciando que la entidad les adeudaba cinco meses de salario, dos años de cesantías, cuatro años de intereses sobre cesantías, dos años de aportes a salud y pensión, y nueve periodos de prima.
¿Qué responde la secretaria de salud en estos casos?
La Calle se comunicó con la secretaria local de salud, Jaide Medina Calderón, quien confirmó que tras conocerse la denuncia por presunta negligencia en la atención del paciente Samuel David Daza Gutiérrez, se desplazó una auditora del Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) hasta la Clínica Reina del Sol para verificar la situación. Medina explicó que el joven ingresó remitido desde Montería en estado crítico, con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y tromboembolismo pulmonar, y que durante su estancia se le practicaron valoraciones y procedimientos, aunque su condición se deterioró rápidamente hasta fallecer el 9 de febrero.
La funcionaria reconoció la inconformidad de los familiares, quienes denunciaron maltrato y falta de atención por parte del personal de enfermería, así como la ausencia de equipos propios en la clínica. Señaló que la Secretaría revisó la historia clínica y constató que el paciente llegó en condiciones graves, pero enfatizó que ninguna institución de salud puede permitir que los usuarios sean maltratados, humillados o desatendidos, y que desde la administración municipal se trabaja en rescatar la humanización de los servicios hospitalarios. Medina aseguró que se recopilarán las pruebas y se dará seguimiento al caso junto con la Supersalud y la Defensoría, para garantizar que las denuncias tengan respuesta y que situaciones similares no se repitan.