La Guajira se seca y el agua sigue sin llegar: Maicao, Uribia y Manaure enfrentan una crisis que exige respuestas.
Mientras miles de familias del norte de La Guajira siguen esperando agua potable, las autoridades anuncian inversiones millonarias, proyectos de pilas públicas, pozos y sistemas de abastecimiento. Pero la pregunta permanece: ¿por qué, después de tantos recursos destinados, la sed continúa siendo parte de la vida cotidiana de los guajiros?
La sequía vuelve a poner contra las cuerdas a La Guajira. En los municipios del norte, especialmente Maicao, Uribia y Manaure, conseguir agua continúa siendo una lucha diaria para numerosas familias, mientras las altas temperaturas, las condiciones áridas y la limitada disponibilidad de fuentes superficiales profundizan una crisis que no es nueva, pero que sigue sin encontrar una solución estructural.
Corpoguajira reconoce que la Alta Guajira permanece entre las zonas más vulnerables del país frente a la escasez de agua, debido a la combinación de sequía extrema, desertificación y condiciones geográficas. La entidad ha advertido además que el departamento enfrenta un escenario climático que puede incrementar la presión sobre el recurso hídrico.
Y en medio de esta realidad aparece una pregunta inevitable: ¿qué se ha hecho con los cientos de miles de millones de pesos destinados a solucionar el problema del agua?
Maicao: el municipio que sigue sediento
Maicao representa uno de los casos más dramáticos.
La ciudad depende de un sistema de abastecimiento que durante años ha sido señalado por sus limitaciones de captación, conducción y distribución. La problemática tampoco es nueva: incluso desde hace más de una década se advertía que la infraestructura no tenía capacidad suficiente para atender la demanda.
En 2026 la situación volvió a tocar fondo. En julio, Maicao permaneció cuatro días sin servicio de acueducto debido al bloqueo del punto de captación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP El Jordán, donde fueron cerradas las válvulas e impedido el ingreso del personal operativo. La empresa Aguas de la Península confirmó que la emergencia afectó a todo el municipio.
La situación demuestra que el problema de Maicao no puede reducirse únicamente a la falta de lluvias. Hay también dificultades de infraestructura, operación, conducción, seguridad y gobernabilidad alrededor del agua.
Incluso una publicación local reciente señala que Maicao estaría recibiendo apenas una fracción de la cantidad de agua que requiere. Sin embargo, el dato del 15 % mencionado en diferentes conversaciones no aparece respaldado, hasta ahora, por una fuente oficial consultada por este medio; una publicación reciente sitúa el suministro en aproximadamente el 30 % de las necesidades. Por eso, el porcentaje exacto debe ser aclarado públicamente por Aguas de la Península, la Alcaldía de Maicao y las autoridades departamentales.
Lo que sí está documentado es que el problema continúa.
¿Y qué está haciendo Andreína García?
Al frente de ESEPGUA se encuentra Andreína García Pinto, gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira.
Su gestión se ha concentrado en proyectos de abastecimiento de agua potable, pilas públicas, acueductos rurales, saneamiento básico y búsqueda de nuevas fuentes hídricas.
De acuerdo con el balance de gestión de ESEPGUA, durante 2025 se iniciaron 11 proyectos de agua potable y saneamiento básico por $89.039 millones, con una población beneficiaria estimada de 58.426 personas. Entre ellos aparece un proyecto de alcantarillado sanitario para Maicao por $10.021 millones, además de sistemas de agua potable para comunidades de Manaure y Uribia.
La empresa también reportó haber gestionado durante 2025 otros $68.774 millones mediante seis convenios con entidades como el Ministerio de Vivienda, Ecopetrol y Petrobras. Estos recursos están destinados, entre otros proyectos, al acueducto de Manaure, Los Cocos y soluciones de agua para comunidades de Uribia y Manaure.
El balance presentado por ESEPGUA señala además que durante sus cuatro años de gestión se han culminado 26 proyectos de agua potable y saneamiento básico, por más de $100.000 millones, con una población beneficiaria reportada de 194.053 personas. Entre esos proyectos está Riritana, en Maicao, con una inversión reportada de $6.362 millones.
Pero la propia gestión de ESEPGUA reconoce que el camino no ha sido sencillo.
La entidad reporta 14 procesos sancionatorios contra contratistas por incumplimientos en diferentes proyectos y cinco procesos de cobro coactivo para recuperar recursos públicos relacionados con anticipos de contratos anteriores.
Es decir: hay obras, hay recursos y hay proyectos, pero también existen retrasos, contratos problemáticos y obras que no han avanzado al ritmo esperado.
Uribia y Manaure: el drama se multiplica
En la Alta Guajira la situación es todavía más compleja.
ESEPGUA mantiene proyectos de pilas públicas y sistemas de abastecimiento en comunidades como Siapana, Bahía Hondita, Punta Espada, Puerto Virgen, Guayabal, Poropo, Zona Industrial y Flor del Paraíso, entre otras.
En el propio listado de proyectos de la empresa aparecen obras con diferentes niveles de avance y algunas con estado suspendido. Por ejemplo, Panchomana, en Manaure, aparece suspendido; Puerto Estrella, en Uribia, también figura como suspendido, mientras otros proyectos registran avances parciales.
Esta situación explica parte de la frustración de las comunidades: una obra puede tener recursos asignados y contrato firmado, pero mientras no entre realmente en operación, el agua no llega a las casas.
En 2024, ESEPGUA reportó la entrega de 5,49 millones de litros de agua potable mediante carrotanques a 344 comunidades de Uribia y Manaure.
Y durante 2025 la entidad reportó la entrega de 41 millones de litros de agua potable en carrotanques a comunidades de varios municipios, una medida de emergencia que demuestra que las soluciones estructurales todavía no han logrado cubrir toda la demanda.
El dinero está: la pregunta es dónde está el resultado
El Gobierno Nacional también ha puesto sobre la mesa cifras importantes.
El Ministerio de Vivienda reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, las inversiones realizadas durante el Gobierno Petro en La Guajira superaban los $803.000 millones, de los cuales más de $631.851 millones correspondían a agua potable y saneamiento básico.
El mismo Ministerio informó que se habían terminado 264 rehabilitaciones por $87.967 millones y que estaban en ejecución 32 proyectos por $449.005 millones, entre ellos pilas públicas, rehabilitaciones, acueductos y alcantarillados.
Son cifras enormes para un departamento que, paradójicamente, todavía tiene comunidades donde conseguir un recipiente de agua puede convertirse en una odisea.
Y allí está el principal cuestionamiento ciudadano: ¿cuánto de ese dinero se ha convertido realmente en agua disponible, permanente y de calidad?
Un problema de coordinación que nadie puede seguir ignorando
La crisis tiene múltiples responsables y no puede atribuirse exclusivamente a una sola entidad.
En el caso de Maicao intervienen la Alcaldía Municipal, Aguas de la Península, ESEPGUA, Gobernación de La Guajira, Ministerio de Vivienda, Superintendencia de Servicios Públicos, Corpoguajira y el Gobierno Nacional, además de la UNGRD cuando se trata de atención de emergencias.
La Superintendencia de Servicios Públicos ya había realizado una inspección integral a Aguas de la Península por denuncias relacionadas con la calidad y continuidad del servicio.
A esto se suma un problema que resulta especialmente grave: la propia Corte Constitucional ha advertido dificultades para determinar quién debe hacerse cargo del funcionamiento y sostenibilidad de numerosas infraestructuras de agua existentes en La Guajira.
En 2025, la Corte señaló que no existía un inventario integral de las soluciones de agua y que la falta de claridad sobre qué entidad debía asumir su mantenimiento técnico y financiero dificultaba la sostenibilidad de las obras.
Ahí puede estar una de las grandes explicaciones del fracaso histórico: construir no es suficiente. Hay que operar, mantener, vigilar y garantizar que el sistema funcione durante años.
Las voces de las comunidades: “No queremos más soluciones temporales”
El reclamo de los habitantes es sencillo: quieren agua permanente.
Las comunidades han cuestionado que durante años la respuesta institucional haya estado basada en carrotanques, tanques, entregas temporales y proyectos que tardan años en ejecutarse.
La propia discusión ante la Corte Constitucional ha recogido críticas según las cuales muchas de las políticas implementadas terminan siendo acciones puntuales que no resuelven el problema estructural.
En Maicao, el bloqueo de la PTAP El Jordán en julio de este año fue una nueva señal de la desesperación existente alrededor del servicio. La empresa informó que terceros bloquearon el punto de captación y cerraron las válvulas, dejando al municipio sin suministro durante varios días.
Mientras tanto, en las comunidades rurales e indígenas la realidad es todavía más dura: largas distancias para conseguir agua, dependencia de carrotanques, dificultades para almacenar el líquido y sistemas que, en algunos casos, todavía no funcionan de manera permanente.
Las fallas que deben explicarse
La discusión pública no puede limitarse a anunciar nuevas inversiones. Hay que revisar qué pasó con las anteriores.
Entre las dificultades reconocidas por ESEPGUA aparecen:
- Retrasos del Ministerio de Vivienda en la aprobación de reformulaciones.
- Factores climáticos que afectan la ejecución.
- Conflictos entre autoridades ancestrales y territoriales.
- Inseguridad y hurto de vehículos.
- Problemas para transportar materiales.
- Actos de vandalismo contra infraestructura.
- Proyectos suspendidos o con avances parciales.
- Contratistas sometidos a procesos sancionatorios.
- Falta de claridad sobre quién debe mantener determinadas infraestructuras.
La situación llega a tal punto que ESEPGUA ha tenido que acudir incluso a acciones judiciales contra diferentes entidades para exigir respuestas relacionadas con proyectos y trámites.
¿Y Corpoguajira?
Corpoguajira también tiene una responsabilidad importante, aunque diferente.
Su papel está relacionado con la protección del recurso hídrico, monitoreo ambiental, gestión de las fuentes de agua y acompañamiento técnico.
En enero de 2026, Corpoguajira se reunió con el Ministerio de Vivienda, el Servicio Geológico Colombiano y la UNGRD para analizar alternativas como la identificación de aguas subterráneas, nuevos pozos, sistemas de captación y recarga artificial de acuíferos.
La entidad también suscribió un convenio técnico con el IDEAM para fortalecer el monitoreo climático e hidrológico y enfrentar fenómenos como las sequías recurrentes.
Pero nuevamente surge la pregunta: ¿cuándo esas investigaciones y reuniones se convertirán en agua disponible para las familias?
La gran contradicción
La Guajira tiene proyectos por cientos de miles de millones de pesos. Tiene una empresa departamental de servicios públicos. Tiene un Ministerio de Vivienda que ha reportado inversiones históricas. Tiene una corporación ambiental. Tiene alcaldías. Tiene una Superintendencia de Servicios Públicos. Tiene la UNGRD. Tiene al Gobierno Nacional. Y tiene una sentencia de la Corte Constitucional que desde hace años ordena garantizar el derecho al agua de las comunidades indígenas. Pero miles de guajiros todavía siguen esperando.
La represa del río Ranchería, con una capacidad aproximada de 198 millones de metros cúbicos, fue concebida para contribuir al abastecimiento de nueve municipios. El problema histórico ha sido que la infraestructura necesaria para transportar y distribuir el agua no está plenamente desarrollada.
La paradoja resulta difícil de explicar: hay agua almacenada, hay recursos públicos y hay proyectos, pero no necesariamente hay agua llegando de manera continua al ciudadano.
El reto para Andreína García
Andreína García ha heredado una crisis que lleva décadas, pero su administración ya no puede medirse solamente por el número de contratos firmados o proyectos anunciados.
El verdadero indicador debe ser otro: ¿Cuántas familias tienen hoy agua potable de manera permanente?. Esa es la pregunta que deben responder ESEPGUA, la Gobernación, las alcaldías y el Gobierno Nacional.
Porque para una familia wayuu que espera un carrotanque bajo temperaturas extremas, poco importa que exista un proyecto de $10.000, $20.000 o $30.000 millones si el agua no sale de la llave.
La Guajira no necesita otra fotografía de funcionarios inaugurando obras. Necesita que las obras funcionen. Necesita mantenimiento.
