La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el grave riesgo de suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a partir de septiembre de 2025, debido a un déficit presupuestal de $500 mil millones que aún no han sido asignados para su continuidad.
De no cubrirse este faltante, más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio esencial, lo que pondría en riesgo no solo su permanencia en el sistema educativo, sino también la garantía del derecho fundamental a la alimentación.
La advertencia se sustenta en información presupuestal con corte al 20 de agosto de 2025, recopilada durante mesas de control social participativo adelantadas por la Contraloría Delegada para Educación en Buenaventura, en las que se revisó la operación del PAE.
En el marco de las visitas de seguimiento realizadas en todo el país, la Contraloría también tuvo acceso a comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) al Ministerio de Hacienda, el pasado 24 de junio y 15 de agosto, solicitando de manera urgente una adición presupuestal que permita cubrir el faltante. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial.
La Contraloría advirtió que la falta de acción inmediata podría generar “graves consecuencias sociales y educativas”, además de cuestionamientos públicos e institucionales, teniendo en cuenta la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo.
Por ello, el organismo de control hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación y las Entidades Territoriales Certificadas, para que aseguren de manera articulada los recursos necesarios que demanda el programa.
Finalmente, la entidad reiteró que continuará realizando seguimiento permanente a la operación del PAE y a la gestión de los recursos, al tiempo que insistió en que el Gobierno Nacional debe asignar cuanto antes los $500 mil millones faltantes para garantizar la continuidad, calidad y cobertura del programa durante el calendario escolar de 2025.