En el municipio de Chiriguaná, Cesar, hay una edificación que se construyó hace más de una década, específicamente entre 2004 y 2007, en el gobierno del exalcalde, Wilson Padilla García, pero nunca se ha utilizado. Se trata de la Biblioteca Municipal que para ese entonces tuvo un costo de $5.468 millones.
La contratación de esta infraestructura se habría realizado a ‘dedo’ para ese entonces. Para esa época no había entrado en funcionamiento el SECOP y las plataformas digitales de contratación pública, se realizaban de forma 100 % física, manual y en papel, en el marco legal de la Ley 80 de 1993.
Asimismo, para esta investigación periodística, el Semanario La Calle encontró el informe La Maldita Tierra, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que documenta cómo, con la llegada de las regalías al departamento del Cesar, entró la mano de la corrupción y el dominio de los paramilitares que controlaban las contrataciones.
Indican en la publicación que: “Mientras los paramilitares saqueaban de frente, los políticos contrataban obras tan costosas como inútiles. Se puede decir que la zona carbonera se convirtió en un criadero de elefantes blancos, como lo explica un exfuncionario de la Contraloría Departamental, que prefirió, como muchos, guardar el anonimato: ‘En esa época todos robaban. Los mandatarios se llevaban su parte, los contratistas la suya y los paras la de ellos. Se robaban 40 por ciento, 50 por ciento de las obras, por eso nunca las terminaban’”.
“Muchos de esos proyectos hoy están condenados a ser una obra gris perpetua, monumentos al despilfarro, testigos de la macabra alianza entre paramilitares y políticos para atracar las regalías del carbón”.
En el caso puntual de la Biblioteca Municipal de Chiriguaná, señalan: “En Chiriguaná, un municipio que los paramilitares también controlaban, obligaron al alcalde Wilson Padilla García (2004-2007) a que contratara y construyera una biblioteca pública por 5.468 millones de pesos, sin ningún tipo de convocatoria pública ni licitación. Al final terminó con más de mil millones en sobrecostos, lo que llevó al alcalde a enfrentar la justicia”.
Por esta obra, la Procuraduría General de la Nación informó el 28 de enero de 2006 sobre la formulación de pliego de cargos contra el entonces alcalde de Chiriguaná. Justo al lado de esa construcción está la tristemente célebre biblioteca municipal Rafael Antonio Leyva Villegas, que tuvo una inversión de más de 5 mil millones de pesos en su estructura, una “genialidad”, como lo llama la gente, del entonces mandatario Wilson Padilla García, 2001-2003, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años por violar los principios del régimen de contratación.
Para la Procuraduría General de la Nación el entonces alcalde desconoció el deber de selección objetiva contenido en la Ley 80 de 1993, incurriendo en una “falta gravísima y a título de dolo”.
¿Qué más ha pasado con esta biblioteca?
En 2011, durante la administración del alcalde Ramón Díaz Corzo (2008-2011), surgió una propuesta para darle uso a la edificación y convertirla en sede de la Universidad Popular del Cesar, en el municipio.
Luego de ser debatido y aprobado en la Comisión Primera, el Concejo Municipal aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que autorizaba al mandatario a entregar el inmueble a la institución universitaria. La iniciativa buscaba facilitar el acceso de los jóvenes de Chiriguaná a la educación superior sin que tuvieran que trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios.
El entonces rector de la UPC, Jesualdo Hernández Mieles, respaldó la propuesta y destacó la importancia de establecer alianzas entre el Estado, el sector empresarial y la academia para impulsar el desarrollo de las regiones.
“Llegué a la rectoría sin el ánimo de ganar honores, mi objetivo principal es servirle a la comunidad del departamento del Cesar a través de esta casa de estudios como es la UPC”, sostuvo Hernández Mieles.
Por su parte, el alcalde Díaz Corzo manifestó que la iniciativa buscaba beneficiar a los jóvenes que no contaban con los recursos económicos para estudiar fuera del municipio. Según dijo entonces, la llegada de la universidad representaba una oportunidad para ampliar el acceso a la educación superior y dejar un legado para las futuras generaciones.
La propuesta recibió el respaldo de 12 de los 13 concejales que integraban la corporación municipal. Entre los programas académicos que despertaban mayor interés estaban Administración de Empresas, Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Enfermería Superior, Arte y Folclor. También se contemplaba la posibilidad de ofrecer Derecho.
Sin embargo, la iniciativa no se tradujo, al menos en ese momento, en la puesta en funcionamiento de la biblioteca como sede universitaria.
Dos años después, durante la administración de Gustavo Aroca Dagil (2012-2015), se retomaron las conversaciones con la Universidad Popular del Cesar para buscar una salida que permitiera aprovechar la edificación.
La negociación estuvo marcada por desacuerdos sobre la entrega gratuita del inmueble. Mientras el gobierno municipal buscaba garantizar su adecuación y funcionamiento, la universidad defendía una figura jurídica que le permitiera asumir el proyecto y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
En una reunión entre el alcalde Aroca Dagil y el rector Jesualdo Hernández Mieles, acompañados por sus respectivos equipos, se discutieron alternativas para resolver las diferencias y avanzar hacia la instalación de la institución en Chiriguaná. Para entonces, la edificación era considerada patrimonio de los habitantes del municipio y se hablaba de una inversión superior a los $7.000 millones.
Una de las propuestas del mandatario local consistía en entregar el inmueble en comodato por cinco años, prorrogables por un periodo igual. A cambio, planteó que se realizara la adecuación integral de la infraestructura, se garantizaran los recursos necesarios para el primer año de funcionamiento y se asegurara su sostenibilidad durante su administración.
No obstante, pese a los anuncios y a las distintas alternativas planteadas entre 2011 y 2013, la iniciativa volvió a quedar en el terreno de las propuestas. La biblioteca, concebida inicialmente como una infraestructura para el servicio público, continuó sin cumplir el propósito para el que había sido construida.
Así han pasado los años y ninguna de las administraciones municipales ha ‘salvado’ esta infraestructura.
En 2020 cuando fungía como alcalde, Iván Caamaño Cuadro, nuevamente se hizo un convenio con la Universidad Popular del Cesar, que estaba como rectora, Darling Guevara.
El convenio prometía formalizar y plantear un plan de acción para llevar al municipio tres programas académicos: Derecho, administración de empresas e ingeniería. La promesa fue más allá, se habló de dos especializaciones y posiblemente una maestría.
Nuevamente prometieron que la sede sería la Biblioteca Municipal, la cual sería intervenida y mientras tanto por unos cuantos meses utilizarían las aulas de la Institución Educativa Juan Mejía Gómez.
¿Otro intento fallido?
En abril de este año en curso el actual alcalde, Juan Carlos García, y el exrector de la UPC, Robert Romero realizaron un recorrido por la biblioteca y mostraron gran parte de esta infraestructura que tiene grandes espacios, salones, hall de entrada, auditorio dotado con sillas, dos pisos, entre otras. Las imágenes dan cuenta del notorio deterioro tanto en el interior como en el exterior.
El mandatario indicó que la infraestructura está en ruinas y por ello realizaron el recorrido en busca de soluciones.
“Tenemos que ver cómo este lugar preste un servicio que es el de la formación, como alcalde tenemos todo el compromiso de hacer la inversión que se requiera en la medida que haya la viabilidad por parte de la universidad para hacer de este espacio un campus universitario”, dijo el alcalde Carlos García.
Mientras que el exrector, Robert Romero, señaló que lo ideal es que en Chiriguaná se instale una estructura de la UPC instalada, “estamos en toda la disposición y necesitamos el respaldo municipal para la educación superior”. Sin embargo, meses después su periodo como rector culminó.
¿Qué dicen los organismos?
Desde el Concejo Municipal de Chiriguaná indicaron que, a lo largo de todas las administraciones, ha hecho falta voluntad política para rescatar la biblioteca.
El concejal José Carmelo ‘Chemo’ Ruiz García, manifestó que es totalmente cierto que la obra es una infraestructura con una inmensa inversión, la cual está ubicada en la entrada del municipio.
“Para su recuperación pienso que ha sido falta de compromiso de las administraciones porque ha existido mezquindad y celos políticos, y además el atraso de la UPC hace parte de esto mismo. Hay que decir que el alcalde tiene un proyecto enfocado en su recuperación y fue socializado en la Gobernación del Cesar, porque la idea es hacer un segundo Parque de la Vida, que permita recuperar la entrada del municipio y ahí entra la biblioteca”, dijo el cabildante.
También indicó que desde la Corporación han puesto la lupa en la biblioteca que es un ‘elefante blanco’, sino también al polideportivo y al patinódromo que están en estado críticos.