Los procesos fiscales y disciplinarios que rodean al exalcalde y hoy representante a la Cámara no pueden pasar inadvertidos. Más allá de las cifras millonarias, la ciudadanía merece explicaciones, resultados y claridad sobre el manejo de los recursos públicos.
En política, los cargos de elección popular no pueden convertirse en escudos frente al escrutinio público. Quien administra recursos del Estado y luego aspira a representar a la ciudadanía en el Congreso tiene la obligación de responder por sus actuaciones, especialmente cuando sobre su gestión pesan investigaciones relacionadas con el patrimonio de todos.
Ese es el escenario que hoy enfrenta Mello Castro González, exalcalde de Valledupar y actual representante a la Cámara por el Partido Liberal, a quien, según la información conocida por el Semanario La Calle, le figuran dos procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República cuyas cuantías suman más de 16.543 millones de pesos. A ello se agrega un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la primera etapa del parque Casa en el Aire.
Las cifras son demasiado altas para que el asunto pase como un episodio más de la política local. Estamos hablando de miles de millones de pesos que, por su magnitud, exigen explicaciones públicas y una actuación diligente de los organismos de control.
Conviene decirlo con claridad: la existencia de procesos fiscales o disciplinarios no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponde a las autoridades establecer los hechos, determinar las responsabilidades y garantizar el debido proceso. Pero ese principio tampoco puede utilizarse como argumento para restarle importancia a investigaciones que comprometen recursos públicos.
La transparencia no consiste solamente en negar acusaciones; también exige dar la cara y ofrecer respuestas.
Casa en el Aire, una obra que sigue reclamando respuestas
Uno de los asuntos más sensibles es el parque Casa en el Aire, un proyecto concebido durante la administración de Augusto Daniel ‘Tuto’ Uhía y cuya primera etapa también compromete la gestión de Mello Castro.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde, su entonces secretario de Obras Públicas, Carlos Alberto De la Ossa Lacouture, y el interventor del contrato, Carlos Andrés Losada Contreras, por presuntas irregularidades relacionadas con sobrecostos superiores a los 258 millones de pesos.
Según la investigación disciplinaria, se habrían aprobado análisis de precios unitarios con sobrecostos injustificados y liquidado unilateralmente el contrato reconociendo esos valores. En el caso de Castro González, la Procuraduría cuestiona presuntas fallas en el ejercicio del control y la vigilancia de las funciones que delegó.
Son señalamientos que deben resolverse con rigor, pero que también merecen una explicación ante la ciudadanía. ¿Qué controles se ejercieron? ¿Quién debía advertir las presuntas irregularidades? ¿Por qué un proyecto de interés público termina bajo el examen de los organismos de control?
Y hay una pregunta de fondo que Valledupar no debería dejar de hacerse: ¿cuánto le ha costado a la ciudad una obra que no ha alcanzado plenamente el propósito para el cual fue concebida?
Los proyectos públicos no se justifican con anuncios, diseños o fotografías de inauguración. Se justifican cuando cumplen su función, prestan un servicio y generan beneficios reales para la comunidad.
Las investigaciones no pueden quedarse en expedientes
Los dos procesos fiscales reportados ante la Contraloría General de la República, las actuaciones disciplinarias relacionadas con Casa en el Aire y los antecedentes de control fiscal municipal configuran un panorama que requiere seguimiento público.
La ciudadanía tiene derecho a conocer el estado actual de cada expediente, los hechos concretos investigados, las decisiones adoptadas y los pasos pendientes. No basta con divulgar cifras millonarias si después los procedimientos permanecen durante años sin resultados conocidos.
Tampoco es aceptable que las dudas sobre posibles influencias políticas terminen alimentando la desconfianza ciudadana. Si existen denuncias sobre eventuales interferencias, deben verificarse con pruebas y no quedarse en versiones anónimas. Los organismos de control tienen que actuar con independencia, sin privilegios ni persecuciones.
La justicia fiscal y disciplinaria no puede depender del partido al que pertenezca un funcionario, de su capacidad electoral o de las relaciones que pueda tener en los círculos del poder.
El representante Mello Castro tiene derecho a defenderse y a controvertir los señalamientos. Pero, por la dimensión de los recursos involucrados, también tiene una responsabilidad política frente a los ciudadanos que esperan explicaciones sobre su paso por la Alcaldía de Valledupar.
Valledupar merece cuentas claras
El problema de fondo no es solamente el nombre de un exalcalde o el futuro político de un congresista. Es la confianza de una ciudad que necesita saber si sus recursos fueron administrados correctamente y si las obras financiadas con dinero público cumplieron los objetivos prometidos.
Los más de 16.500 millones de pesos asociados a los dos procesos fiscales reportados no son una cifra menor. Y los presuntos sobrecostos investigados en Casa en el Aire tampoco pueden despacharse como un simple trámite administrativo.
Por eso, la Contraloría y la Procuraduría deben informar oportunamente sobre el avance de sus actuaciones, respetando la reserva legal cuando corresponda, y llevarlas hasta las decisiones que procedan conforme a la ley.
En Valledupar, la ciudadanía está cansada de proyectos cuestionados, explicaciones incompletas y expedientes cuyo desenlace parece no llegar nunca.
Mello Castro tiene derecho a la presunción de inocencia, pero Valledupar tiene derecho a conocer la verdad. Y las autoridades tienen el deber de establecer, con independencia y celeridad, si hubo detrimento patrimonial, quiénes serían responsables y qué recursos, si corresponde, deben recuperarse.
Porque los dineros públicos no pertenecen a los gobernantes de turno. Pertenecen a la gente. Y cuando hay miles de millones bajo investigación, el silencio institucional no es una respuesta suficiente.