En los impresos del martes 14 de mayo y 30 de septiembre, el semanario La Calle denunció un asunto preocupante que se desarrolla en Manaure Balcón Turístico: la persecución sistemática del alcalde de este municipio, Juan Carlos Araújo Orozco, contra la inspectora de este ente territorial, Azalea Isabel Zúñiga Ovalle. Para sorpresa de este periódico, ese no es el único caso de martirio al que el primer mandatario de los manaureros somete a una mujer. Desde que llegó a la Alcaldía, según las evidencias allegadas a este medio de comunicación social, la administración de Araújo Orozco ha arremetido contra una indefensa madre de familia: Argénida Rosa Torrado Ramírez.
Es más, de acuerdo a diversas fuentes que conocen el caso, es posible que el calvario de la inspectora Azalea Zúñiga pueda tener su origen en que, precisamente, esta funcionaria se haya negado, según las fuentes consultadas por La Calle, a ceder a los caprichos de Juan Carlos Araújo en relación con el acoso a que se ha sometido a Torrado Ramírez.
¿Qué dice la Inspectora de Policía?
El Semanario La Calle se comunicó con la inspectora de este municipio, Azalea Zúñiga, para indagarle sobre este caso. Se le describió a la funcionaria lo que este periódico ha podido investigar sobre el asunto. “Agradezco mucho a este semanario por lo que ha denunciado en torno a lo que ustedes mismos han denominado, acertadamente, ‘el calvario’ que sigo padeciendo frente a la administración del doctor Juan Carlos Araújo; sin embargo, les presento excusas por no poder referirme a la situación que me preguntan sobre la señora Argénida Torrado porque, como comprenderán, este proceso sigue en curso”, le respondió Zúñiga Ovalle a este semanario.
El contrato con Argénida Torrado
El 20 de diciembre de 2023, la Alcaldía Municipal de Manaure Balcón del Cesar suscribió con Argénida Rosa Torrado Ramírez el ‘Contrato de Aprovechamiento Económico del Espacio Público Parqueadero Municipal, ubicado a orilla del río Manaure’. El contrato tiene un plazo de cinco años; es decir, se extiende hasta el 20 de diciembre de 2028. “Podrá ser prorrogado en su plazo y adicionado en su cuantía”, dice la cláusula segunda. Y, de acuerdo a la cláusula décimo sexta, “se liquidará dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del mismo”.
Además, la cláusula novena establece que el municipio de Manaure “podrá terminar en forma anticipada el presente contrato” en los siguientes eventos: “Cuando la zona objeto del contrato requiere ser intervenida por una entidad territorial o de cualquier orden” y “cuando el contratista destine las zonas objeto de aprovechamiento económico a actividades distintas sobre espacio público”.
La terminación unilateral del alcalde Juan Carlos Araújo
El lunes 26 de febrero de 2024, Argénida Torrado fue notificada de la Resolución 075 del 20 de febrero de 2024, “por medio de la cual se declara la terminación unilateral del contrato de aprovechamiento económico del espacio público” celebrado entre el municipio de Manaure y Argénida Rosa Torrado Ramírez. La notificación fue firmada por Andrea Carolina Campo Plata, secretaria de Interior, Educación y Deportes Manaure.
El acoso había comenzado antes
En realidad, lo que muchos consideran una persecución contra Argénida Torrado había comenzado con la Resolución 007 del 17 de enero de 2024, unos 15 días después de recién posesionado el nuevo alcalde, Juan Carlos Araújo Orozco; obviamente, la Alcaldía no lo llama ‘acoso’, sino ‘una actuación administrativa’. Y el documento del 17 de enero fue “para determinar la naturaleza el (SIC) bien objeto del contrato de aprovechamiento de uso público y su posible terminación unilateral por su celebración con expresa celebración ilegal”.
La misma alcaldía reconoce que “ordenó visita técnica al bien de uso público denominado parqueadero público del río (…), la cual fue atendida por la Secretaría de Planeación del Municipio, mediante informe de fecha 24 de enero de 2024”, como se lee en la comentada Resolución 007; por supuesto, esta dependencia está bajo las órdenes del alcalde Juan Carlos Araújo. Además, la administración de Araújo Orozco también reconoce haber ordenado “al Concejo Municipal para que informara si en el Municipio de Manaure se había expedido acuerdo municipal mediante el cual se hubiese adoptado el Plan de Manejo del Espacio Público”; obviamente, el Concejo, donde la administración de Araújo Orozco tiene mayorías, respondió “mediante oficio adiado el 19 de enero de 2024, que no existe acuerdo municipal al respecto”.
“Carezco de fuente formal para mi mínimo vital”: Argénida Torrado
“Es importante tener en cuenta que soy una persona de escasos recursos y no tengo una fuente formal para el sustento de mi mínimo vital”, manifestó Argénida Torrado en diálogo con el Semanario La Calle. Recordó que, en Manaure, las fuentes laborales “son incipientes y, dentro de las políticas públicas implementadas por la administración Municipal saliente, vio a bien la protección del espacio público, ya que la invasión y uso de espacio público se convirtió en una constante, lo cual fue de conocimiento público”.
“Han desfigurado el contrato”: Torrado Ramírez
En la referida Resolución 007, la administración de Juan Carlos Araújo justifica la terminación unilateral del contrato en que “muy a pesar de que el contrato se denomine Contrato de Aprovechamiento Económico de Espacio Público, de su objeto pactado y alcances, claramente se infiere que se trata de un Contrato de Arrendamiento de un Espacio Público”.
Argénida Rosa Torrado Ramírez, “frente a esta desfiguración del contrato, es una afirmación que no se ajusta a la realidad”. Y saca a relucir cómo, a diferencia del contrato de arrendamiento en el que, de acuerdo con el artículo 1973 del Código Civil, se le entrega al arrendatario el goce del bien de manera exclusiva, “en los contratos de aprovechamiento económico no existe exclusividad en el uso del espacio público, sino que debe ser compatible con la condición de espacio público y garantizar el uso, goce, disfrute visual y libre tránsito por parte de la comunidad”.
Está destinado a parqueadero
Torrado Ramírez resalta “el que el bien inmueble está destinado a parqueadero Municipal de uso general y bajo ese uso se llevó a cabo la suscripción del contrato de aprovechamiento económico; de igual forma, invito a la administración a corroborar la actividad que se ha venido desarrollando con la finalidad de percatar si tiene un fin distinto; inclusive, bajo estas condiciones tendría que probar la afectación al uso general para el bien de uso público, en este caso, parqueadero Municipal a fin de determinar si existe exclusividad como el en caso del arrendamiento o es de usos general conforme a su destinación”.
La Procuraduría no siguió el proceso
El 5 de marzo de 2024, Argénida Torrado presenta, ante la Procuraduría General de la Nación, una solicitud de conciliación a la que convocó al municipio de Manaure. El primero de abril del mismo año, la Procuraduría 185 Judicial I Para Asuntos Administrativos, de Valledupar, admitió la solicitud y convocó a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación no presencial sincrónica (por Microsoft Teams) para el 24 de abril, a las 10 de la mañana; sin embargo, la administración de Juan Carlos Araújo no asistió.
“Se deja constancia que la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 110 de la Ley 2220 de 2022 o en las demás que lo modifiquen o sustituyan, como fue advertido en el auto admisorio y la comunicación del mismo”, manifestó Luz Marina Hinojosa Maestre, procuradora 185 Judicial I Administrativo, en el Acta de la fallida audiencia de conciliación; no obstante, extrañamente, el asunto en la Procuraduría murió ahí.
Y llegó el desalojo policial
Después de muchos ires y venires entre la alcaldía y Argénida Torrado, finalmente, el 15 de octubre se le notifica por correo electrónico de una “diligencia policiva de recuperación de espacio público”. El proceso se desarrolló el viernes 15 de noviembre del 2024, a las 10:00 de la mañana. “Se me conminó a asistir, pese a que en ningún momento he tenido ocupado dicho espacio, con ningún tipo de bien ni mueble ni inmueble, cabe señalar que se está hablando del Parqueadero Municipal del Río, sitio en el cual realizo mi actividad laboral como cuidadora de vehículos. No soy yo la que los parqueo en ese lugar, son los ciudadanos que visitan el sitio como turistas. Yo, simplemente, les ofrezco mis servicios como cuidadoras y no es una obligación que ellos me permitan cuidarles su bien es una decisión voluntaria y consensuada entre ellos y yo. Esta actividad sólo la realizo los días sábados, domingos y festivos. El resto de días de la semana, no estoy en ningún momento por el lugar”, aseguró a La Calle Torrado Ramírez.
Qué inspector estuvo en la diligencia policiva
El Semanario La Calle conoció que a la diligencia policial de desalojo del 15 de noviembre no asistió la inspectora en propiedad, Azalea Zúñiga, por encontrarse de vacaciones. Su reemplazo temporal, Geomar Bohórquez Ospino, fue quien condujo la operación en el parqueadero del río de Manaure. “A la inspectora la mandaron a vacaciones a propósito para que quedara el espacio y mandar de reemplazo a uno de ellos, que no tuviera ninguna clase de consideración conmigo”, le dijo Torrado a La Calle.
No le notificaron a los demás
Argénida Rosa le recordó a La Calle que ella no es la única cuidadora de carros y motos en el sector del río. “Esta actividad también es desarrollada por otras personas a las cuales no se les notificó la diligencia, como tampoco se notificó a las personas que sí tienen establecidos negocios con inmuebles improvisados o construidos que ocupan algún tipo de espacio”.
Para Torrado, esto último, además de “que rompe el derecho de igualdad”, es muestra de que sólo ‘se la tienen montada’ a ella.
El acoso no sólo es jurídico y policial
La cuidadora de carros y motos del río de Manaure denuncia, además, que ha sido víctima de violencia de género por parte de dos ciudadanos. “Los señores Amador Becerra Zánchez, Manuel Saurith, entre otros, de manera violenta, pretenden que yo deje de ejercer mi actividad laboral para realizarla ellos, argumentando que los manda el señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Araújo Orozco o que los mandó la primera dama, Lía Margarita Aguirre, o la señora Ana Milena Aguirre, quien, en el pasado, fue cuñada del señor Amador, quien presuntamente, por cumplir compromisos adquiridos en campaña política con los señores, quiere que yo abandone mi actividad laboral para que ellos sean quienes la asuman”, dice expresamente Argénida Torrado en una Acción de tutela que instauró ante un juzgado del municipio.
Denunció, además, que ese acoso “ha sido recurrente, hasta el punto que me he visto en la necesidad de llamar a los agentes de Policía de la Estación Manaure para que intervengan y protejan mi integridad y la de mi familia”. En dicha acción de tutela, adjuntó videos que corroboran lo expuesto.
Juez de Manaure tampoco la apoyó
El 14 de noviembre de 2024, el Juzgado Promiscuo Municipal de Manaure admitió una acción de tutela presentada por Argénida Torrado en la que pedía tutelar su derecho fundamental al trabajo y ordenar al alcalde Juan Carlos Araújo a que suspendiera la diligencia “denominada recuperación del espacio público” porque “no tengo ningún tipo de ocupación de espacio público en dicho lugar, sólo presto el servicio de cuidadora de vehículos a los turistas que visitan el lugar”.
“No tengo ningún otro ingreso económico; por eso, me veo en la necesidad de realizar esta actividad económica, con la cual devengo el sustento mío y de mi núcleo familiar, como ya lo había manifestado desde hace ya 12 años, me desempeño como cuidadora de vehículos en la zona del parqueadero del río Manaure, en compañía de mi hija Zharick Daniela Contreras Torrado, quien en la actualidad es estudiante de la Universidad de Pamplona en el programa de Administración de Empresas (semestre 7), modalidad a distancia. Con lo poco que ganamos, ella se ayuda para cubrir los gastos que la universidad le demanda”, sustentó, entre otros aspectos, su solicitud ante el juez.
Por su parte, la Alcaldía de Juan Carlos Araújo le solicitó al juzgado que, “con base en los argumentos antes expuesto muy respetuosamente se solicita al señor Juez, declarar improcedente la acción de tutela de marras, y, en consecuencia, desestimar las pretensiones de la misma”.
Y el 19 de noviembre del 2024, el juez Edgardo José Barrios Yepez resolvió “declarar improcedente, la presente acción de tutela promovida por Argénida Torrado Ramírez contra el municipio de Manaure Balcón del Cesar, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”.
Tampoco el Personero municipal la defiende
Los personeros municipales ejercen la función de Ministerio Público en los municipios y distritos. Según el artículo 169 de la ley 136 de 1994 dispone: “Naturaleza del cargo. Corresponde al personero municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas”.
No obstante, Fabio José Sierra Peñaloza, personero municipal de Manaure, y de acuerdo a fuentes de ese ente territorial, ha sido un funcionario pasivo en el proceso de la Alcaldía en contra de Argénida Torroso.
Ni el personero ni la Alcaldía respondieron a La Calle
El 19 de diciembre de 2024, el Semanario La Calle le envió al WhatsApp del personero Fabio Sierra y a la secretaria del Interior del municipio, Andrea Campo, unas preguntas concretas sobre el proceso que adelanta la Alcaldía de Manaure en contra de Argénida Torroso. Ninguno de los dos funcionarios respondió.