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Nicolasa y Jakeline demostraron ser un par de cachazudas

La mata del descaro demostraron ser Jakeline Henríquez Hernández, ex gerente del Hospital Rosario Pumarejo y la gerente de Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec, Nicolasa María Martínez Echavarría, quienes son referencia de negligencia en sus puestos de trabajo; sin embargo, hoy salen a demandar como si fueran las principales afectadas.

 

Con la boca abierta quedaron muchos la semana pasada luego que se conociera la noticia de que la exgerente del Rosario, Jakeline Henríquez, había interpuesto una acción de tutela contra la Gobernación del Cesar y la Contraloría Departamental tras su salida de la dirección del centro médico.  Sin embargo, sus intenciones quedaron sin piso luego que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar declarara improcedente la acción de tutela.

Según se conoció Henríquez Hernández alegaba que le estaban vulnerando sus derechos fundamentales, con la intención de seguir ligada a la empresa prestadora de salud, de la que todos saben terminó de quebrar en sus manos. A raíz de esto, la Contraloría departamental del Cesar, ordenó suspender del cargo a Jakeline Henríquez, por lo que en su remplazo llegó en calidad de encargada Leidis María Manjarrez Daza, quien actualmente es funcionaria de la ESE como profesional especializado.

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La del Idreec es la mamá

 

Pero si por acá llueve por el Idreec no escampa, en el instituto la gerente se pasó de cachazuda, y los empleados terminaron debiéndole, mientras el personal reclama el pago de casi tres años de trabajo, la mujer decidió responder con una demanda, la cual interpuso ante la sala laboral del Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Valledupar, en contra de 19 trabajadores del instituto, por suspender sus actividades y mantener un paro colectivo.

“19 trabajadores suspendieron de manera arbitraria e infundada sus actividades, iniciando de manera violenta el paro de actividades, ya que impidieron a los empleados, trabajadores oficiales y demás personas vinculadas, ingresaron y ejecutarán sus actividades como de costumbre», menciona la demanda, a través de la cual, Martínez le solicita al magistrado de la sala laboral que califique la suspensión del paro colectivo y que tenga en cuenta la queja presentada al Ministerio de trabajo el pasado 14 de abril en donde solicitó «que se realizará el estudio de caso y se iniciara la investigación a que haya lugar sobre los empleados en mención”.

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Cabe resaltar que dentro de las denuncias hechas por los empleados durante estos más de 30 meses aparecen la falta de pago de seguridad social, pago de cesantías, pago de salarios del 2020, entre otras cosas. Hoy el instituto tiene una nómina de 130 millones de pesos, y pasivos por $4.500 millones de pesos. Pese a esto, hoy la respuesta de la gerente es demandarlos.

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