La Administración Municipal de Valledupar ha dado un paso significativo en la solución del problema de hacinamiento carcelario. Desde hace varios años, la Permanente Central enfrenta un sobrecupo del 596%, con 487 personas privadas de la libertad, y la Unidad de Reacción Inmediata presentaba una sobrepoblación del 300%.
Para abordar esta situación crítica, la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Local de Salud y la Personería Municipal, gestionó el traslado de diez internos desde la Permanente Central de Policía hasta la Cárcel Judicial de Valledupar. Este traslado se enmarca en un convenio firmado entre el Municipio y el INPEC.
El secretario de Gobierno, Jorge Pérez Peralta, explicó que “el proceso de descongestión en el centro de reclusión hace parte de la ejecución de un convenio firmado con el INPEC. Como administración municipal, buscamos garantizar el cumplimiento de los lineamientos básicos en cuanto a los derechos humanos. En cabeza del alcalde Ernesto Orozco, iniciamos este ejercicio institucional con el traslado de estas personas, quienes afrontaban condiciones precarias en el lugar, debido a los altos índices de hacinamiento”.
Este convenio, que implica una inversión de más de $498 millones, no solo contempla el traslado de internos, sino también el fortalecimiento técnico y financiero para la atención de los reclusos en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad a cargo del INPEC en Valledupar.