La intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar) por parte del coronel retirado de la Policía Nacional José Luis Palomino López ha desatado una tormenta interna. Denuncias de maltrato y persecución laboral provenientes de trabajadores sindicalizados, sumadas a las contundentes declaraciones del agente especial interventor, evidencian un panorama crítico dentro de una entidad que, según Palomino, está al borde del colapso.
El coronel no ha escatimado palabras para describir lo que encontró al asumir el control: robos sistemáticos, corrupción enquistada y una cultura organizacional que, lejos de ser productiva, parece haberse convertido en un obstáculo para el progreso. “Me quieren sacar porque estoy pisando callos”, sentenció Palomino, haciendo alusión a las medidas que ha tomado para poner orden en una empresa que, según él, ha sido saqueada durante años.
Entre las denuncias más graves, Palomino asegura que se estaban perdiendo 6 millones de pesos diarios por el robo de agua en carros tanque. Además, reveló irregularidades en el uso del cloro para el tratamiento del agua y la pérdida de terrenos baldíos pertenecientes a la empresa. Estas acciones, acompañadas de decisiones contundentes como limitar el acceso a la planta de tratamiento y establecer controles más estrictos, han desatado una ola de críticas y resistencia por parte de algunos empleados y antiguos directivos.
La intervención no solo ha puesto en evidencia actos de corrupción, sino también problemas estructurales que comprometen la sostenibilidad financiera de la empresa. Palomino destaca que Emdupar paga primas de Navidad de 45 días, un beneficio muy por encima de lo que otras empresas ofrecen, y ha autorizado incrementos salariales que superan los decretos nacionales. Este desequilibrio financiero, según él, es insostenible para una entidad que ya enfrenta serias dificultades económicas.
El coronel también señala a figuras específicas dentro de Emdupar, como Fabián Mendoza, a quien acusa de haber liderado prácticas que favorecieron la debacle de la empresa. Mendoza, según Palomino, pasó de ser un simple empleado a poseer un nivel de vida ostentoso, mientras la entidad que dirigía se hundía en deudas y conflictos.
El panorama que describe Palomino es desolador, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de Emdupar. ¿Podrán las acciones correctivas revertir años de malas prácticas? ¿Será suficiente la intervención para recuperar la confianza de la ciudadanía en una empresa que, en teoría, debería garantizar un servicio esencial como el agua?
Lo cierto es que el agente especial interventor ha tomado el control con mano firme, y sus declaraciones no dejan dudas de que está dispuesto a enfrentarse a los intereses que han perjudicado a Emdupar. Sin embargo, la resistencia interna y la complejidad de las problemáticas estructurales ponen en tela de juicio el éxito de su gestión. En un contexto donde la transparencia y la eficiencia deberían ser pilares, Emdupar sigue siendo un espejo de los problemas más profundos de la administración pública en Colombia.
En este pulso entre la intervención y los “callos” que está pisando el coronel Palomino, la gran perdedora sigue siendo la comunidad vallenata, que espera con ansias una solución definitiva para un servicio público vital. El reto ahora es recuperar no solo la empresa, sino también la confianza de una ciudadanía que merece respuestas claras y acciones contundentes.