El caso de Centros Poblados volvió a dar un giro después de que se revelara que los colombianos podrían pagar otros $7.000 millones por la deuda del contratista con los bancos.
Según las entidades financieras, al ver que las empresas de Emilio Tapia no les pagarán, solicitaron activar la garantía que por ley les corresponde y que deberá asumir el Fondo Nacional de Garantías, recursos que saldrían del Fondo de Emergencia (FOME) creado por la pandemia.
Se sabe que las empresas de Emilio Tapia acudieron al BBVA y al Banco de Bogotá a pedir un préstamo, argumentando que sería destinado para ejecutar el contrato de aporte de los centros digitales.
Después de la polémica, los representantes de los bancos piden al Fondo Nacional de Garantías un respaldo que les corresponde por ley en el caso de Centros Poblados ya que no se han pagado los $7.000 millones.
Por el momento la situación no ha ocurrido, ya que el Fondo Nacional de Garantías no ha entregado los recursos por una acción de la Procuraduría contra el Ministerio de las TIC y Centros Poblados, donde el fondo pidió ser parte demandante.
No contentos con el robo de los 70mil millones de pesos, ahora de nuestros impuestos debe salir 7.000 millones que centros poblados no le ha pagado los bancos y como el gobierno estaba respaldando la deuda por el fondo nacional, debemos pagar nosotros!
— KATHERINE MIRANDA 🌻 101 (@MirandaBogota) February 21, 2022
La historia de Centros Poblados no ha terminado. Hoy les contaré un nuevo capítulo de la investigación que he seguido haciendo y que tiene que ver con la plata perdida. No se imaginan lo que he encontrado, muy grave TODO. Pendientes a las 12 en #SigueLaW en @WRadioColombia
— Paola Herrera (@PaoHerreraC) February 21, 2022
Ahora resulta que adicional a los 70.000 millones que Karen Abudinen permitió que se robara Centros Poblados, estos delincuentes pidieron dos préstamos por 7.000 millones y los bancos le están cobrando la deuda al estado.
TENEMOS QUE PAGAR MÁS PLATA POR EL ROBO.
— Julian (@JulianJaraUribe) February 21, 2022