Lo que pudo ser un avance histórico para la educación en La Jagua de Ibirico puede convertirse en un fracaso institucional. La sesión del Consejo Superior Universitario (CSU), en la que se debía aprobar la creación de la sede de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en ese municipio, se cayó por falta de quórum. Entre las ausencias más notorias estuvo la de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, cuyo silencio y falta de acción empiezan a convertirse en el principal obstáculo para que este proyecto avance.
Un proyecto listo, frenado por voluntad política
El proyecto de la sede de La Jagua tiene estudios, terreno y recursos nacionales comprometidos. No se trata de una propuesta improvisada ni de un capricho local: es una necesidad comprobada para un municipio que, pese a su riqueza minera, padece enormes brechas en acceso a educación superior, manifiestan líderes académicos y actores políticos.
Aun así, la Gobernación no se presentó a la sesión ni ofreció explicación pública alguna. Su ausencia no fue un detalle menor: fue la causa directa de que el CSU no alcanzara quórum y de que el proyecto quedara otra vez congelado.
En términos prácticos, la mandataria. por acción u omisión, bloqueó la posibilidad de que La Jagua tenga universidad.
La inconformidad de un municipio que sí le cumplió
La molestia en La Jagua de Ibirico no es gratuita. Durante su campaña, Elvia Milena Sanjuán recibió en este municipio uno de los respaldos electorales más contundentes, movilizado por líderes locales que hoy se sienten traicionados. La votación jagüera fue decisiva para fortalecer su ventaja en la zona minera y consolidar su triunfo a nivel departamental.
El reclamo es simple, manifestó uno de los políticos locales consultados. «¿cómo puede la gobernadora darle la espalda al mismo municipio que la ayudó a llegar al cargo?». Para muchos habitantes, su ausencia en el CSU no es un descuido: es un mensaje.
Consecuencias para la UPC y para La Jagua
La falta de aprobación no solo retrasa la obra. También pone en riesgo los recursos que el Gobierno Nacional había dispuesto, compromete la planeación académica de la UPC y perpetúa la falta de oportunidades para los jóvenes jagüeros, que siguen dependiendo de largos desplazamientos o deben renunciar a estudiar.
La sensación en el territorio es de abandono institucional: el departamento recibe millones en regalías, pero una sede universitaria, la inversión social más básica, parece ser demasiado pedir.
Cuando la educación se convierte en daño colateral
Para el analista político Mauricio Estrada, lo ocurrido no es un caso aislado: evidencia una gestión departamental incapaz de priorizar proyectos estructurales y demasiado enfocada en agendas políticas sin beneficio real para el territorio.
«En un departamento marcado por desigualdades y promesas incumplidas, que la Gobernación deje caer un proyecto educativo de este calibre no es solo un error: es una falta grave contra el futuro del Cesar», manifestó Estrada.
Por su parte Evaristo Herrera, habitante de La Jagua de Ibirico manifestó que su municipio merece claridad, compromiso y respeto. Sobre todo, merece que su gobernadora deje de evadir responsabilidades y explique, ante el departamento, por qué un proyecto tan necesario queda paralizado porque su presencia o su firma son indispensables.
Consejeros que se opusieron a la sede de la UPC en La Jagua
A la indiferencia de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán se unieron algunos miembros del Consejo Superior Universitario que en la sesión convocada para aprobar la creación de la nueva sede en La Jagua de Ibirico, se declararon impedidos, o simplemente no asistieron: Carlos Darío Morón Cuello (representante de ex-rectores), Juan Camilo López Nacimiento (representante de estudiantes), José Carlos Pérez Yancy (representante de egresados) y Joaquín Fernando Manjarrés Murgas (representante del sector productivo). Estos consejeros argumentaron insuficiente respaldo técnico y financiero del proyecto, así como falta de garantías sobre su sostenibilidad, pero para muchos lo que estuvo en juego fueron intereses personales.
La Gobernadora no le respondió a La Calle
