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¿Por qué el 9 de abril se conmemora el día de las víctimas del conflicto armado?

Desde la promulgación, en 2011, de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, se estableció el 9 de abril fecha del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán como Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Se trata de una medida simbólica para conmemorar los hechos ocurridos en el conflicto.

La dimensión de estos actos violentos es tal que, de los más de 48 millones de habitantes de Colombia, 9’113.500 son reconocidos como víctimas, lo que equivale al 18,9% de toda la población.

Por eso brindarles atención y medidas de reparación y restitución a los afectados por la guerra representa un reto mayúsculo, no solo en términos de gestión, sino también de presupuesto.

De hecho, la Contraloría General ha reiterado que la ley de víctimas, que vencía en 2021, pero fue prorrogada por 10 años más, “está desfinanciada”. Según cálculos del ente de control, hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos 357 billones de pesos para cumplir sus compromisos.

Otro de los ejes claves de la ley es la restitución de las tierras que perdieron los campesinos por cuenta del despojo o el desplazamiento forzado.

Según Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, en los 10 años de vigencia de la ley 1448 han sido indemnizadas 1’121.176 personas, es decir, el 12 por ciento de las registradas. En estas medidas, el Estado ha invertido 7,8 billones de pesos.

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En lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, la entidad ha invertido 1,89 billones en la indemnización de 228.104 víctimas, el 44 por ciento de las 510.000 que contempla el Plan de Desarrollo de la actual administración para su cuatrienio.

Otro de los ejes claves de la ley es la restitución de las tierras que perdieron los campesinos por cuenta del despojo o el desplazamiento forzado.

De acuerdo con la Unidad de Restitución, la meta es entregar 3,5 millones de hectáreas a las víctimas para el año 2031.

Sin embargo, en la primera década solo se entregaron 391.421 hectáreas, que equivalen al 11 por ciento.

Víctimas del conflicto armado en el Cesar

Sin duda alguna el conflicto armado ha afectado enormemente a la población civil de las regiones, dejando saldos aterradores con casos como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados, desplazamiento, violación de los derechos reproductivos y culturales, por lo que muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias.

De acuerdo a la Unidad de Reparación de Victimas de la Dirección Territorial Cesar- La Guajira, 1 de cada 3 cesarenses es víctima del conflicto armado. Entre Cesar y La Guajira existen más de 490 mil personas afectadas por estos hechos. Narrar el conflicto armado se ha convertido para los afectados en un tormento porque reviven esos momentos, pero al mismo tiempo es una terapia de recuperación.

La Unidad de Reparación de Victimas de la Dirección Territorial Cesar,  La Guajira adelanta proyectos de construcción de memoria en todo el territorio para resarcir los daños que por ocasión de la violencia han sufrido los habitantes del departamento, ya sean campesinos, personas de las zonas urbanas, niños, mujeres, adultos mayores, empresas, poblaciones, agremiaciones, Fuerza Pública (Ejército, Policía, entre otros).

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Víctimas siguen a la espera

Para Luis Alfonso Castillo, líder de la estrategia de restitución de tierras del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), los resultados de la primera década de la ley 1448 “muestran que el compromiso del Estado ha sido muy precario”.

La mayoría de las hectáreas entregadas a los reclamantes corresponden a tierras baldías, no a los predios que los actores del conflicto les quitaron a las víctimas.

El vocero del Movice resalta que el 88 por ciento de las víctimas siguen a la espera de una indemnización.

Sobre el tema de restitución asegura: “La mayoría de las hectáreas entregadas a los reclamantes corresponden a tierras baldías, no a los predios que los actores del conflicto les quitaron a las víctimas”.

Castillo señala que se necesita compromiso político para que se materialice lo plasmado en la ley, “porque los recursos asignados han sido insuficientes, y gran parte de los retrasos tienen que ver con la insistencia del Gobierno de negar el conflicto, que, de hecho, sigue vigente y dejando nuevas víctimas cada día en el país”.

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