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Presunto detrimento patrimonial por más de 3 mil millones en contratos del Ejército

La Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por 3.740.794.997,39 relacionados con contratos del Ejército Nacional.

Las evidencias fueron producto de una Actuación Especial de Fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en 465.516.590.

El contrato, con número de radicación 407-Cenaviación, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US 32.600 (cerca de 100 millones a la tasa de cambio actual).

Posible beneficio irregular a contratistas

La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.

En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los 453.713.616.12.

Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a 160.349.266.

Viáticos y seguros sin sustento

La Actuación Especial de Fiscalización determinó también que, durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización.

De hecho, no existen Informes Ejecutivos sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto.

Los equipos de la Contraloría General de la República encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932.

También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000.

En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas.

Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por 98.960.129.

Una situación similar se ha presentado en una Orden de Compra de la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social. No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del 70.000.000.

 

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