La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 11 años al ex concejal de Valledupar, Julio Julio Peralta, quien ejerció su cargo durante el periodo 2020-2023. La decisión se basa en que Peralta se inscribió como candidato y asumió el cargo a pesar de estar inhabilitado para hacerlo.
La investigación determinó que, dentro del año anterior a su elección, Peralta celebró cuatro contratos en representación de la Asociación Sindical de Ginecología y Obstetricia del Cesar (Asgoce) para ser ejecutados en el mismo municipio donde resultó electo. Dichos contratos se realizaron con el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde Asgoce actuaba como contratista.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico concluyó que el entonces concejal debía haber cedido esos contratos o renunciado a su ejecución antes de su elección, ya que la contratación con Asgoce, entidad de carácter público departamental, lo inhabilitaba legalmente para postularse al concejo de Valledupar.
En el fallo, la Procuraduría señaló que Peralta «inobservó el adecuado comportamiento del servidor público», violando los principios de moralidad y los mandatos constitucionales y legales. Además, se consideró que el exconcejal defraudó la confianza de la comunidad que lo eligió, al no actuar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.