La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible en su totalidad la Reforma Pensional, Ley 2381 de 2024, conocida como el “Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común”. Esta reforma, impulsada por el presidente Gustavo Petro, está actualmente bajo análisis en el alto tribunal tras una demanda presentada por la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia.
Según el concepto enviado por la Procuradora a la Corte, durante la sesión del pasado 14 de junio, la plenaria de la Cámara suspendió la discusión detallada de la reforma, luego de que la bancada de Gobierno presentara de forma sorpresiva una proposición para aprobar sin deliberación el texto ya avalado por el Senado. Cabello Blanco criticó que la propuesta de acogerse al documento del Senado fuera votada rápidamente y sin permitir un debate detallado, dado que en la reforma se habían introducido más de 60 cambios respecto al texto original y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por diversas bancadas.
La Procuradora señaló que la Mesa Directiva de la Cámara ordenó que la votación se realizara en bloque, sin discutir de forma individual los 95 artículos de la iniciativa. Este proceder, indicó Cabello Blanco, “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”, afectando así el derecho de los congresistas a debatir un proyecto de alta complejidad técnica y repercusión social.
Además, la jefa del Ministerio Público advirtió que la premura con la que se sometió a votación el texto del Senado impidió que los congresistas tuvieran el tiempo adecuado para analizar las disposiciones. Esto, explicó, comprometió la transparencia y seriedad del proceso legislativo. También destacó que el tiempo asignado para intervenir, apenas dos minutos por vocero de cada partido, fue insuficiente y limitó la deliberación adecuada sobre un tema que afecta los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Cabello Blanco cuestionó la negativa de la Mesa Directiva de ampliar el tiempo de discusión y de escuchar las peticiones de la oposición, quienes solicitaban mayor espacio para debatir la reforma. La Procuradora subrayó que la decisión de cerrar el debate de manera apresurada afectó el principio democrático de discusión abierta y plural.
Finalmente, la Procuradora resaltó que los debates en el Senado y la Cámara de Representantes tienen el mismo valor en el trámite legislativo, por lo que no puede omitirse ninguno de ellos. Ambos, precisó, son necesarios para asegurar la consecutividad establecida en el artículo 157 de la Constitución. En su solicitud a la Corte, Cabello Blanco afirmó que este vicio de procedimiento, que afecta un elemento estructural del trámite legislativo, es insubsanable según la jurisprudencia constitucional, y pidió declarar la reforma inexequible en su totalidad.