La polémica en torno al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a tomar fuerza tras la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de reabrir una investigación clave: la presunta filtración ilegal de un proyecto de orden de captura en su contra.
El caso gira en torno a hechos ocurridos en 2022, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema manejaba un expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucraba a Benedetti. Según su denuncia, ese documento confidencial habría sido filtrado a medios en 2023, desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
Aunque inicialmente el caso fue archivado por falta de pruebas, la Comisión Nacional consideró que las explicaciones dadas no fueron suficientes y que se deben agotar todas las vías para determinar si hubo funcionarios que violaron la reserva judicial.
En el expediente figuran sospechosas transacciones financieras por más de COP 2.971 millones, incluyendo préstamos de personas fallecidas, propiedades incautadas y transferencias internacionales sin justificación. La defensa de Benedetti insiste en que todo su patrimonio tiene origen lícito, pero las dudas persisten.
La reapertura del caso no solo pone en el centro a Benedetti, sino que también deja en evidencia las fallas en el manejo de información reservada en las altas cortes, lo que podría tener consecuencias disciplinarias y judiciales para los responsables de la presunta filtración.
¿Hubo juego sucio detrás de la divulgación? ¿Se respetó el debido proceso? ¿Cuál es el verdadero trasfondo político de esta denuncia? Las próximas semanas serán claves para esclarecer uno de los episodios judiciales más delicados del último año en Colombia.

