Cinco años después de la firma de un convenio cercano a los $30.000 millones, las obras para mitigar las inundaciones en tres comunas de Riohacha siguen sin ejecución física. El Ministerio de Vivienda reportó siete suspensiones y desembolsos por $3.600 millones. Entre reformulaciones, explicaciones administrativas y responsabilidades que pasan de un gobierno a otro, la ciudad continúa esperando una solución.
En Riohacha, las inundaciones no son un problema nuevo, pero las soluciones prometidas parecen avanzar mucho más lentamente que las aguas que cada temporada de lluvias afectan distintos sectores de la ciudad. Un proyecto concebido para mejorar el drenaje pluvial de las comunas 4, 5 y 7 terminó convertido en un expediente de miles de millones de pesos, suspensiones, reformulaciones y preguntas que todavía no encuentran respuestas definitivas; La situación quedó nuevamente al descubierto tras el pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del pasado 18 de octubre. La entidad reportó que un convenio suscrito en 2021, por una inversión cercana a los $30.000 millones, acumula siete suspensiones y registra un avance físico del 0 %, pese a que se han efectuado desembolsos por aproximadamente $3.600 millones.
Las cifras son suficientemente preocupantes para exigir explicaciones. No porque demuestren por sí solas corrupción o pérdida de recursos, sino porque evidencian que, después de varios años de gestiones y compromisos, la infraestructura que debía beneficiar a los habitantes todavía no se ha construido. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo un proyecto destinado a enfrentar una necesidad histórica de Riohacha terminó atrapado en un laberinto administrativo sin traducirse en obras?
De una solución de $28.000 millones a un proyecto de $72.000 millones
La historia comenzó durante la administración del exalcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, cuando se promovió una iniciativa para construir infraestructura de alcantarillado y drenaje pluvial en diferentes sectores de la ciudad, el convenio inter administrativo 1141 de 2021 contemplaba inicialmente una inversión cercana a los $28.000 millones, financiada con aportes del Ministerio de Vivienda y del Distrito de Riohacha; Sin embargo, el proyecto enfrentó dificultades técnicas antes de llegar a la construcción.
En entrevista con Semanario La Calle, Bermúdez explicó que, tras una revisión realizada por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe (EDUBAR), se determinó que los diseños iniciales no respondían adecuadamente a las necesidades de la ciudad. Según su versión, la propuesta pasó de contemplar tuberías a incorporar canales de concreto rígido, modificación que elevó el presupuesto estimado hasta aproximadamente $72.000 millones.
El incremento obligó a replantear la financiación y dividir el proyecto en fases funcionales.
Pero detrás de esa explicación permanece un cuestionamiento que merece una respuesta técnica: ¿cómo se aprobó inicialmente una intervención de semejante magnitud si sus diseños terminaron requiriendo una reformulación que multiplicó considerablemente el presupuesto?
Los ajustes pueden ser necesarios en una obra pública. Lo que debe explicarse es por qué se requirieron, cuánto costaron y qué controles existieron para evitar que el proyecto quedara indefinidamente detenido.
Siete suspensiones: el tiempo pasa, las obras no
El dato más contundente del informe ministerial es el avance físico del 0 %, la cifra refleja una realidad difícil de justificar ante los ciudadanos: mientras las instituciones han adelantado trámites, revisiones y modificaciones, las obras que motivaron el convenio no se han materializado; Las siete suspensiones reportadas por el Ministerio muestran que el proyecto ha atravesado obstáculos persistentes.
No obstante, resulta indispensable distinguir entre las suspensiones del convenio interadministrativo y la suspensión de un contrato de construcción. El exalcalde Bermúdez aseguró que durante su mandato no se había adjudicado la obra y, por tanto, no existía una construcción en marcha que pudiera detenerse.
Los $3.600 millones: ¿qué se pagó y qué recibió el Estado?
Uno de los interrogantes más sensibles gira alrededor de los desembolsos reportados por el Ministerio de Vivienda. La entidad señaló que se han girado aproximadamente $3.600 millones relacionados con el proyecto, una cifra que exige conocer con precisión los conceptos financiados, los beneficiarios de los pagos y los productos efectivamente recibidos.
Durante la entrevista concedida a este semanario, José Ramiro Bermúdez sostuvo que en su administración no se giraron recursos para la construcción, debido a que todavía no se había adjudicado el contrato de obra. También aseguró que los $3.600 millones corresponderían a costos administrativos asociados a EDUBAR, entidad encargada de la gerencia de varios proyectos.
El hecho de que una obra no haya comenzado no significa automáticamente que todos los desembolsos sean irregulares. Pueden existir pagos asociados a gerencia, estudios, supervisión u otras obligaciones. Pero precisamente por eso resulta necesario que el Ministerio de Vivienda y EDUBAR expliquen públicamente qué actividades justifican esos desembolsos, cuáles fueron sus resultados y cómo se verificó su cumplimiento.
En una inversión de esta magnitud, la transparencia no puede limitarse a informar cuánto dinero fue comprometido. También debe permitir establecer qué recibió el Estado a cambio de cada peso pagado.
Dos administraciones y una responsabilidad que nadie puede eludir
El convenio nació durante el gobierno de José Ramiro Bermúdez, entre 2020 y 2023, pero el proyecto continúa pendiente durante la administración de Genaro Redondo, iniciada en enero de 2024. Esta secuencia obliga a examinar las decisiones adoptadas en ambos periodos, sin convertir el debate en un simple intercambio de responsabilidades políticas; A la administración anterior le corresponde explicar cómo se estructuró el proyecto, por qué sus diseños iniciales requirieron modificaciones sustanciales, qué dificultades se identificaron y en qué condiciones técnicas y financieras fue entregado.
A la administración actual le corresponde responder qué encontró al asumir el gobierno, qué gestiones adelantó para superar los obstáculos, cuáles suspensiones ocurrieron durante su periodo y qué resultados concretos puede mostrar después de casi tres años, el exalcalde Bermúdez aseguró a Semanario La Calle que dejó un proyecto reformulado y con recursos comprometidos, aunque sin contrato de construcción adjudicado.
También manifestó desconocer las actuaciones posteriores de la administración Redondo y las razones por las cuales las obras no han comenzado. Sin embargo, el hecho de que un proyecto haya sido heredado no exonera a una administración de explicar sus actuaciones. Del mismo modo, que el convenio continúe detenido durante el gobierno actual no borra las decisiones técnicas y administrativas tomadas desde su origen. Las responsabilidades deben establecerse mediante documentos, fechas y competencias concretas, no únicamente a partir de declaraciones de los protagonistas.
La versión del alcalde Genaro Redondo sigue pendiente
En desarrollo de esta investigación, Semanario La Calle buscó conocer la posición del alcalde Genaro Redondo frente al estado del convenio, los cuestionamientos sobre la gestión de su administración y las acciones adelantadas para lograr que las obras comiencen. Hasta el cierre de esta nota, no se había recibido respuesta del mandatario.
Su versión es especialmente importante porque la administración actual tiene la oportunidad de explicar cuáles obstáculos siguen vigentes, qué compromisos ha asumido ante el Ministerio de Vivienda y qué cronograma existe para ejecutar el proyecto.
No basta con señalar que los problemas vienen de gobiernos anteriores. Los habitantes necesitan saber qué se ha hecho para resolverlos y cuándo podrán comenzar las intervenciones prometidas. La ausencia de una respuesta a esta solicitud periodística no demuestra responsabilidad por los retrasos, pero deja pendientes explicaciones de interés público.
Los organismos de control, ante un proyecto lleno de interrogantes
El pronunciamiento del Ministerio de Vivienda también plantea la necesidad de establecer si las actuaciones administrativas y contractuales se ajustaron a las obligaciones previstas, la revisión debe permitir reconstruir las siete suspensiones, determinar sus causas, identificar a quienes las autorizaron y precisar qué decisiones se tomaron para intentar superar cada dificultad.
También resulta fundamental examinar las reformulaciones técnicas, los compromisos financieros y los contratos relacionados con la gerencia del proyecto; La existencia de investigaciones o actuaciones de control no implica que se hayan demostrado irregularidades. Pero sí refuerza la necesidad de esclarecer qué ocurrió y evitar que el expediente continúe acumulando trámites sin resultados.
Si los diseños eran insuficientes, debe explicarse quién los aprobó. Si la financiación dejó de ser viable, debe conocerse cuándo se detectó el problema. Y si existían alternativas para ejecutar una primera fase, corresponde establecer por qué todavía no se han materializado.