Tirándose ‘la pelotica’ uno a otro, buscando sacarle tajada a los contratos o simplemente ‘calentando puesto’ se la pasan los gerentes de las empresas de servicios públicos en el Cesar y La Guajira.
En Emdupar ‘se tiran la pelotica’
El nuevo gerente de la Empresa de Servicios Públicos, Eduardo Mesa Buitrago reveló que recibió una entidad con falencias técnicas, financieras y administrativas producto de la gestión anterior en cabeza del Coronel José Luis Palomino Según explicó, la compañía no cuenta con un catastro actualizado de redes pese a tener más de 70 años de funcionamiento, lo que dificulta la atención de daños y pérdidas de agua.
En el diagnóstico inicial se evidenció que el 55% del agua potabilizada no se factura, situación que fue una de las causales de intervención y que afecta directamente a los usuarios de la periferia, quienes padecen baja presión y suministro irregular. Además, se encontraron rezagos de inversión cercanos a los 90 mil millones de pesos en la última década, compromisos que no fueron atendidos oportunamente por la administración saliente.
El gerente también señaló un clima laboral deteriorado, con divisiones internas y falta de enfoque en la misión de la empresa, lo que debilitó la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la ciudad. A nivel financiero, aunque la entidad logra sostenerse sin recursos externos, persisten problemas en el registro contable que se arrastran desde hace más de 20 años y que nunca fueron corregidos.
“Recibimos una empresa con deficiencias estructurales, con pérdidas de agua alarmantes y con retrasos en obras esenciales de acueducto y alcantarillado. La prioridad ahora es superar las causales de intervención y devolverle a la ciudad un servicio eficiente y confiable”, afirmó el nuevo directivo.
Con este panorama, la actual administración busca marcar distancia de la gestión anterior, señalada por falta de planeación, ausencia de inversión y negligencia en la solución de problemas históricos que hoy afectan a miles de usuarios.
En Afinia el gerente se la pasa ‘chupando’ aire acondicionado
Cobrando sueldo y sin darle solución a los problemas de los usuarios, se la pasa el gerente de Afinia en el departamento del Cesar, Ricardo José Arango Restrepo.
El gerente nunca da la cara, no responde derecho de petición de los usuarios y no está presto a darle acompañamiento a las quejas de la ciudadanía.
Comunidad expone inconformidades frente al servicio de energía prestado por Afinia
Usuarios del servicio de energía eléctrica de la empresa Afinia expresan su inconformidad frente a la calidad de la atención, el valor de las facturas y los trámites presenciales obligatorios. Aunque algunos evitan emitir juicios negativos directos, las opiniones recogidas por el Semanario La Calle evidencian que el servicio continúa siendo percibido como regular y que las problemáticas persisten con el paso del tiempo, sin soluciones visibles para la comunidad.
El equipo periodístico del Semanario La Calle realizó un recorrido por las instalaciones de Afinia con el objetivo de conocer de primera mano la percepción de los usuarios frente al servicio que presta la empresa. Durante la visita, se evidenció una constante: extensas filas de ciudadanos esperando ser atendidos para realizar pagos, presentar reclamos o resolver situaciones relacionadas con acuerdos de pago y facturación.
Varias personas permanecían de pie y otras sentadas durante largos periodos de espera, lo que generó inconformidad, especialmente entre quienes disponen de poco tiempo o deben ausentarse de sus labores diarias para realizar estos trámites. Para muchos usuarios, la atención presencial, lejos de ser una solución, se ha convertido en una dificultad adicional.
Uno de los temas más recurrentes entre los ciudadanos consultados es el alto valor de los recibos de energía. Según afirman, los montos facturados no guardan coherencia con el consumo real que tienen en sus hogares o establecimientos comerciales, situación que genera confusión y desconfianza frente al proceso de facturación.
Más allá de las experiencias individuales, los testimonios recogidos evidencian un malestar generalizado en distintos sectores de la comunidad. Los usuarios coinciden en que las dificultades con el servicio de energía se han convertido en una constante, lo que ha afectado la confianza de los ciudadanos frente a la empresa prestadora.
Una de las principales preocupaciones expresadas por la comunidad es la falta de claridad en los procesos de facturación. Usuarios señalan que, en múltiples ocasiones, no reciben explicaciones precisas sobre los valores cobrados ni sobre las variaciones en sus recibos, lo que incrementa la sensación de incertidumbre y desinformación.
A este panorama se suma la percepción de una débil comunicación entre la empresa y los usuarios. Aunque Afinia informa sobre intervenciones técnicas y trabajos de mantenimiento, los ciudadanos aseguran que no cuentan con información suficiente y oportuna cuando se presentan fallas en el servicio, lo que dificulta la planificación de sus actividades cotidianas y laborales.
Otro aspecto señalado por la comunidad es el impacto que las interrupciones del servicio generan en la calidad de vida. Los cortes de energía, especialmente en temporadas de lluvia, afectan desde las actividades domésticas hasta el funcionamiento de pequeños establecimientos comerciales, lo que se traduce en pérdidas económicas y afectaciones en la prestación de servicios a terceros.
Los ciudadanos también resaltan la necesidad de que la empresa adopte una atención más cercana y resolutiva, que permita atender los reclamos sin trámites prolongados ni desplazamientos innecesarios. Para muchos usuarios, una atención más eficiente contribuiría a reducir la congestión en las oficinas y a mejorar la percepción general del servicio.
En este contexto, la comunidad considera fundamental que las acciones anunciadas por la empresa se reflejen en mejoras tangibles, visibles y sostenibles en el tiempo. Los usuarios esperan que la modernización del servicio no se limite a anuncios institucionales, sino que impacte de manera directa en la estabilidad del suministro y en la experiencia del usuario.
El Semanario La Calle intentó obtener la versión oficial de la empresa para contrastar las opiniones de la ciudadanía y conocer las medidas que se estarían implementando frente a estas inquietudes. No obstante, al cierre de esta edición no fue posible establecer comunicación con el encargado de la gerencia de Afinia.
Liliana Manjarrez acudió a las oficinas de Afinia con el propósito de aclarar una inconsistencia en su factura.
“Yo había pagado dos meses y lo pagué atrasado. En el recibo no me llegó consumo de energía, sino el cobro del aseo. Tengo que hacer el reclamo, pero la fila estaba muy larga y no me atendieron”, explicó.
La usuaria señaló que las largas filas afectan directamente la calidad del servicio al cliente.
“Hay que mejorar ese tema de las colas, porque no todo el mundo tiene tiempo para esperar tanto”, indicó.
Manjarrez también manifestó su preocupación por el valor de la factura, teniendo en cuenta que su consumo de energía es mínimo.
“Yo no tengo nevera ni electrodomésticos grandes, solo un abanico, y aun así el recibo me llega muy caro, en más de cien mil pesos”, afirmó.
Trámites presenciales y falta de mecanismos alternativos
Durante el recorrido, este medio pudo constatar que varios trámites deben realizarse de manera obligatoria de forma presencial, lo que incrementa la congestión en las oficinas y prolonga los tiempos de espera. Usuarios consideran que la empresa debería implementar mecanismos alternativos más ágiles, como plataformas virtuales eficientes, que permitan realizar pagos, acuerdos y reclamos sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.
Antonio Morales explicó que mantiene un acuerdo de pago con la empresa y que debe cumplir con un proceso de refinanciación.
“Yo hice un acuerdo con Afinia, pagué dos meses, pero tengo una refinanciación pendiente. Para poder pagarla, tienen que darme una factura y toca venir directamente aquí”, manifestó.
El usuario considera que estos procesos deberían contar con opciones más prácticas.
“Para esos casos debería existir un sistema más fácil, porque uno pierde mucho tiempo solo para que le entreguen una factura”, agregó.
Altos cobros afectan a pequeños comerciantes
Los incrementos en el valor del servicio de energía también impactan de manera significativa a los pequeños comerciantes, quienes dependen del suministro eléctrico para sostener sus actividades económicas. Algunos aseguran que el aumento en las facturas representa una carga difícil de asumir.
Freddy Medina aseguró que el valor de su factura aumentó de forma considerable en comparación con meses anteriores.
“Estoy pagando un millón de pesos mensual de recibo de Afinia. Antes me llegaba alrededor de seiscientos o seiscientos cincuenta mil pesos”, señaló.
El comerciante explicó que, aunque cuenta con algunos electrodomésticos, considera que el cobro sigue siendo elevado.
“Tengo una nevera, un congelador y un negocio de comida, pero aun así siento que el recibo es muy alto para lo que realmente consumo”, expresó.
Melkis Kammerer responde a inconformidades por servicio de Afinia
Ante las inconformidades expuestas por la comunidad frente al servicio de energía que presta Afinia, especialmente por el alza en el valor de las facturas y las dificultades para realizar pagos, Melkis Kammerer se pronunció sobre la situación que afecta a numerosos usuarios.
Durante sus declaraciones, Kammerer señaló que uno de los principales reclamos ciudadanos está relacionado con el incremento en los recibos de energía, situación que según explicó genera molestia en la comunidad, especialmente cuando los usuarios consideran que el valor que pagan no se ve reflejado en la calidad del servicio que reciben.
Así mismo, indicó que el aumento en las tarifas de energía no responde únicamente a decisiones de la empresa operadora, sino a factores del sistema eléctrico nacional, como los costos de generación y comercialización, los cuales influyen directamente en el valor final que llega a los hogares.
En cuanto a la atención al usuario, el vocero reconoció que las largas filas para pagar facturas o realizar trámites son una realidad que afecta a los ciudadanos, calificando esta situación como una dificultad que debe ser atendida mediante mejoras en los canales de atención y alternativas que faciliten los procesos para los usuarios.
Finalmente, Kammerer hizo un llamado a que se revisen estas problemáticas y se brinden soluciones que permitan mejorar tanto la prestación del servicio como la atención a la comunidad, señalando la importancia de que las inquietudes de los usuarios sean escuchadas y atendidas oportunamente.
Superintendencia aclara su rol frente a reclamaciones por servicio de energía
Ante las inquietudes de la comunidad por el servicio de energía y los procesos de reclamación, la directora de la Superintendencia en Montería explicó el alcance del acompañamiento que brinda la entidad a los usuarios.
La funcionaria precisó que la Superintendencia no actúa como mediadora ni conciliadora entre los usuarios y la empresa prestadora del servicio; sin embargo, aseguró que sí vela porque los trámites y las reclamaciones presentadas sean atendidas dentro de los términos establecidos por la ley.
En sus declaraciones, también indicó que la entidad se encarga de informar a los usuarios sobre sus derechos y deberes, con el fin de que conozcan claramente cómo deben adelantarse los procesos de reclamación y cuáles son sus responsabilidades como usuarios del servicio.
Así mismo, enfatizó en la importancia de la medición correcta del consumo de energía, recordando que el usuario debe tener acceso visible al medidor y que, según la normatividad vigente, el consumo debe ser medido y no estimado.
Finalmente, reiteró que la Superintendencia permanece atenta a que se cumplan los procedimientos legales y se respeten los derechos de los usuarios durante todo el proceso de atención y reclamación.
Siguen los problemas con ‘Basura’ del Norte
El alto costo del servicio de aseo en Valledupar volvió a generar controversia entre líderes ciudadanos, comunidad . Erney Galván, vocal de control de servicios públicos, advirtió que el problema no radica en fallas generalizadas de la recolección domiciliaria, sino en ineficiencias y sobrecostos que terminan reflejándose en la tarifa que pagan los usuarios. Según explicó, aunque en la mayoría de barrios los camiones cumplen con las frecuencias establecidas, la empresa estaría reportando cerca de 700 toneladas mensuales recolectadas en puntos críticos, costos que se trasladan a todos los usuarios. Galván señaló que esta situación obedece a la permanencia de basureros satélite, producto de la falta de cultura ciudadana y de control por parte de las autoridades, una práctica que según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) debería erradicarse y no convertirse en un gasto permanente para la ciudadanía.
El vocal de control también alertó sobre otras tres situaciones que, a su juicio, impactan directamente el bolsillo de los vallenatos: el aumento del barrido de calles de dos a tres veces por semana en varios sectores sin una justificación técnica clara, lo que habría duplicado su costo frente a 2021; la posible inclusión de escombros de construcción dentro de la tarifa de aseo, razón por la cual solicitó una auditoría a la báscula del relleno sanitario; y la falta de información pública sobre los resultados de una inspección tarifaria realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos en 2022. Ante este panorama, Galván hizo un llamado a la Alcaldía, a la empresa Aseo del Norte y a los entes de control para revisar los costos y el PGIRS, con el objetivo de corregir ineficiencias y lograr una reducción de la tarifa sin afectar la calidad del servicio.
Desde la comunidad, el líder del barrio Villa del Rosario, Luis Alfonso, denunció irregularidades en la prestación del servicio durante el mes de diciembre. De acuerdo con su testimonio, en esa temporada se presentaron retrasos constantes, con jornadas en las que la basura permaneció todo el día en las calles y los camiones pasaban en horas de la noche. Incluso, aseguró que en al menos una ocasión el servicio no se prestó y la recolección se realizó hasta el día siguiente. Aunque afirmó que en enero la situación ha mejorado y el servicio se está cumpliendo con normalidad, calificó lo ocurrido en diciembre como “pesado” para la comunidad y anunció que cuenta con material audiovisual que respalda sus denuncias.
Por su parte, el gerente de Aseo del Norte, Mauricio Muriel, sostuvo que la empresa superó sin hallazgos negativos la evaluación integral y el control tarifario adelantados por la Superintendencia de Servicios Públicos en 2022, en los que se verificó que los cobros corresponden a los costos reales y a los servicios efectivamente prestados. Explicó que la recolección en puntos críticos responde a una imposibilidad técnica de separar los residuos en el sitio, ya que allí confluyen desechos de distintas microrutas, y que la clasificación se realiza posteriormente en el relleno sanitario. Muriel indicó que el aumento de las frecuencias de barrido está definido por el PGIRS y reconoció que en diciembre se registraron retrasos debido a un incremento del 15 al 20 % en la generación de residuos y a problemas de movilidad propios de la temporada. Finalmente, precisó que el componente de barrido es uno de los más costosos de la tarifa y que, al estar indexado al salario mínimo, tenderá a aumentar con cada alza salarial, aunque aseguró que se han establecido proyecciones a ocho años para ampliar gradualmente los kilómetros de barrido y mejorar la cobertura sin afectar de manera abrupta el bolsillo de los usuarios.
El SIVA no despega y crece la inconformidad ciudadana
En los últimos meses, el Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar (SIVA) ha sido objeto de múltiples anuncios y ajustes; sin embargo, estos no han logrado ofrecer una solución óptima que garantice un servicio eficiente y confiable, pese a ser el único medio de transporte público formal con el que cuenta la ciudad.
Debido a las constantes irregularidades, numerosos usuarios han manifestado su inconformidad ante el Semanario La Calle, a la espera de respuestas concretas por parte del gerente Jaime González Mejía, quien hasta la fecha no ha entregado explicaciones claras sobre las anomalías que persisten en la operación del sistema. Entre las principales quejas se encuentran rutas que no cumplen su recorrido, tiempos de espera de hasta 40 minutos para acceder a una buseta y vehículos que se quedan varados en medio del trayecto.
La situación ha llevado a que usuarios del SIVA pidan mayor agilidad y eficiencia en el servicio. Aunque reconocen que las busetas son cómodas y brindan mayor sensación de seguridad, aseguran que la lentitud en los recorridos y la mala planificación de algunas rutas los obliga a recurrir al mototaxismo, pese a los riesgos que este implica. En ese sentido, solicitan que las rutas se ajusten a los sectores donde realmente hay mayor demanda y que se optimicen los tiempos de operación, para que el transporte público vuelva a ser una opción confiable para los vallenatos.
En entrevista con La Calle, el veedor ciudadano y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Progreso, Erney Galván Rodríguez, calificó como “agridulce” el servicio del SIVA, Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar.
El veedor reconoció que el sistema cuenta con busetas modernas y climatizadas y destacó la amabilidad de muchos conductores, pero aseguró que estas ventajas se ven opacadas por graves fallas operativas. Señaló que el servicio no es confiable debido a las largas e impredecibles esperas, lo que ha generado una crisis de credibilidad entre los usuarios.
Así mismo, atribuyó los retrasos al desorden en la operación, la falta de sincronización entre rutas, la suspensión del servicio cuando llueve y la desorganización de los paraderos, situaciones que dijo afectan directamente la calidad de vida de los vallenatos.
También denunció la falta de control y de tecnología para informar en tiempo real a los usuarios sobre la ubicación de las busetas, y señaló responsabilidad tanto de los operadores como de la Alcaldía de Valledupar por la ausencia de una gerencia técnica en movilidad y de incentivos para fortalecer el transporte público frente al informal.
Finalmente, advirtió que estas fallas vulneran derechos como la movilidad, la seguridad y la dignidad de los ciudadanos, y propuso medidas urgentes como la creación de un Defensor del Usuario del Transporte Público, un canal único de denuncias, la implementación de GPS en tiempo real y la activación de rutas especiales los fines de semana y en eventos masivos.
Ante esta situación, el veedor ciudadano César Ahumada le dijo al semanario la calle que el servicio del SIVA es deficiente y no cubre todas las rutas que necesita la ciudad. Indicó que las demoras y largas esperas se deben a la falta de buses en operación y a una mala implementación del sistema, lo que ha dejado a varios barrios sin el servicio, además de evidenciar fallas en el control y seguimiento de las rutas.
Ahumada responsabilizó a los directivos del SIVA por la falta de inversión y de socialización del sistema, y aseguró que, aunque se han sostenido reuniones para exigir mejoras, no ha habido soluciones reales.
También advirtió que esta situación vulnera los derechos de los usuarios y propuso reactivar rutas antiguas, en especial una de la comuna 5 que conectaba sectores estratégicos de la ciudad, con el fin de evitar que la ciudadanía siga recurriendo al mototaxismo.
Johanna Casallas, veedora ciudadana, expresó ante el semanario La Calle su inconformidad con el servicio de transporte público que presta el SIVA en Valledupar, calificándolo como deficiente y poco acorde con una ciudad cercana a los 600 mil habitantes.
Señaló que las rutas y frecuencias son insuficientes, los horarios no responden a la dinámica urbana, y que el servicio prácticamente desaparece después de las 7:30 p. m., afectando a estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general. Esta situación, según indicó, ha generado desconfianza en el sistema y ha llevado a la proliferación de medios alternativos como motos, mototaxis y transporte informal.
Aunque reconoció aspectos positivos como la comodidad y climatización de los buses, criticó la paralización del servicio en épocas de lluvia, lo que afirma no ocurre en otras ciudades del país y agrava los problemas de movilidad.
Casallas cuestionó la falta de información clara a los usuarios, la escasa atención a las quejas y la débil respuesta de los entes de control. Aseguró que los directivos del SIVA y las autoridades locales tienen la responsabilidad de rendir cuentas y garantizar un servicio digno, al tratarse de una empresa pública.
Además propuso la creación de mesas ciudadanas por comunas, lideradas por el SIVA y la Alcaldía, para escuchar directamente a los usuarios y construir soluciones reales desde la experiencia de quienes utilizan diariamente el sistema de transporte.
Pese a los anuncios, ajustes y promesas reiteradas, el SIVA continúa sin consolidarse como un sistema de transporte eficiente y confiable para Valledupar. La inconformidad ciudadana responde a una realidad diaria marcada por demoras, rutas incompletas, fallas operativas y ausencia de información clara, situaciones que afectan directamente la movilidad y la calidad de vida de los vallenatos.
Aunque los usuarios reconocen la comodidad de los vehículos, estas ventajas resultan insuficientes frente a los problemas estructurales que persisten y que han llevado a muchos ciudadanos a optar por el transporte informal. La falta de respuestas claras por parte de la gerencia del SIVA y la ausencia de acciones contundentes desde la administración municipal han profundizado la pérdida de confianza en el único sistema de transporte público formal de la ciudad.
Hoy, más que anuncios, la ciudadanía reclama soluciones reales, planificación técnica y una gestión que garantice un servicio digno y a la altura de las necesidades de Valledupar.