Desde hace más de un año, los concejales de la oposición y la minoría en el Concejo de Riohacha han denunciado la falta de garantías para ejercer su labor. Sus iniciativas han sido archivadas sin explicaciones, sus intervenciones bloqueadas y sus intentos de abrir debates sobre la administración distrital, ignoradas.
Esta situación no solo ha afectado la dinámica democrática del Concejo, sino que también ha limitado el acceso de la ciudadanía a información crucial sobre el manejo del distrito.
Según fuentes en octubre de 2024, la conformación del Comité Regional de Moralización, integrado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, trajo una esperanza de transparencia. La reunión, liderada por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, abordó, entre otros temas, las amenazas contra 15 líderes sociales, incluido el personero de Riohacha, Yeison Deluque Guerra, quien fue amedrentado por ejercer sus funciones.
En ese espacio, varios concejales opositores como : Edilfredo Quintero, Eddie Cedeño, Hernán Rebolledo, Yeiner Osorio y Mayori Pérez Álvarez— expusieron su inconformidad con el manejo del Concejo y denunciaron posibles irregularidades en la administración distrital. Mientras tanto, Roger Medina y Kevin Cantillo se declararon impedidos para firmar la solicitud de investigación.
En respuesta a estas denuncias, llegó a Riohacha la Fiscalía 84 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el objetivo de escuchar tanto a los concejales opositores como a los de la mayoría.
La lupa de la Fiscalía no solo apunta a la actual administración distrital, sino también a la anterior, liderada por José Ramiro Bermúdez. Entre los puntos de interés se encuentran: Manejo del agua potable y servicio de aseo, contratos en la Secretaría de Obras Públicas, situación de la Secretaría de Educación: en particular, el contrato del distrito con la Curia, donde se sospecha de posibles sobrecostos.
Asimismo, se investigará el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la creación de ocho nuevos centros etnoeducativos a finales de 2023 y la situación administrativa de tres unidades de servicios clave: la terminal de transporte, el matadero y el mercado nuevo. Sobre este último, el concejal Yeiner Osorio Ariza ha denunciado que actualmente no se conoce quién lo administra ni el destino de los recursos que genera.
Más allá de estas irregularidades, los concejales de la minoría han advertido sobre la posible existencia de una nómina paralela dentro de la administración distrital.

