En el corregimiento de Morrison, jurisdicción de Río de Oro (Cesar), dos tecnólogos de la multinacional Confipetrol fueron secuestrados por un grupo de campesinos que, bajo la excusa de una reclamación de tierras, interceptaron a los funcionarios mientras cumplían labores en el predio La Pola.
La situación, denunciada el 3 de febrero, ha escalado a niveles críticos, pues los captores incluso han bloqueado el ingreso de alimentos para los retenidos. El terreno ya había sido escenario de invasiones y enfrentamientos desde agosto de 2024, convirtiéndose en una “zona de nadie”.
El Secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, calificó el hecho como “un acto criminal que viola frontalmente los derechos humanos” y lidera la respuesta regional, mientras la administración departamental exige mayor acción del Gobierno nacional.
Este ataque contra empleados de Confipetrol no es aislado, sino parte de una problemática estructural de invasiones que, según autoridades locales, se ha permitido madurar por falta de intervención oportuna desde Bogotá.