Una verdadera batalla campal podría originarse en las próximas horas en la ciudad de Valledupar con el posible desalojo de más de 9 mil familias que hace más de 11 años invadieron de manera ilegal los predios del Mayor Pimienta y establecieron las invasiones Altos de Pimienta, Bello Horizonte Dos, Brisas de la Popa y Guasimales. Un fallo de la Corte Constitucional es la que tiene en medio de esta tremenda encrucijada a la actual administración local.
Cerca de 9 mil personas que se radicaron hace 11 años en unos predios que hoy toman el nombre de Altos de Pimienta, Bello Horizonte Dos, Brisas de la Popa y Guasimales, al noroccidente de Valledupar, se encuentran en medio de una zozobra enorme, toda vez que para este 4 de febrero podrían ser desalojadas de dichas invasiones.
Dicho desalojo se debe a la sentencia T-946 del 16 de diciembre del 2011, emitida por la Corte Constitucional, puesto que donde hoy se encuentran las cuatro invasiones son unos terrenos de propiedad del Mayor Alberto Pimienta, quien lleva una lucha inanalizable reclamando sus tierras. La diligencia de desalojo que podría efectuarse en las próximas horas, es una decisión de la mencionada Corte, la cual le ordenó al entonces alcalde Luis Fabián Fernández desalojar a las personas que habitan allí, pero dicha solicitud evidentemente no se cumplió, años después, la administración que estuvo en manos de Freddy Socarrás, intentó en dos oportunidades hacer cumplir la sentencia, pero fallo de tutela y demás maniobras jurídicas a última hora paraban el desalojo, puesto que estas personas no podías ser sacadas del terreno hasta que el gobierno tanto Nacional como municipal les brindara un techo digno.
A finales del 2019, el fantasma del desalojo para los habitantes de las mencionadas invasiones volvió a tocar sus puertas, ya que nuevamente la Corte Constitucional, le solicitó al exalcalde Tuto Uhía programar fecha y hora la diligencia, por lo que exmandatario no tuvo más opción y mediante la resolución N° 002841 del 27 de diciembre del 2019 fijó para este 4 de febrero del año en curso.
¿Cuáles son las salidas que se plantean?
Faltando algunas horas para que se llegue la hora cero, el pasado 27 de enero habitantes de dichas invasiones se tomaron las afueras de la alcaldía de Valledupar, exigiéndole a la administración del Mello Castro que frene el desalojo, bajo el argumento de que son 11 años los que tienen de estar viviendo en esos predios donde construyeron sus viviendas, es así que en un encuentro a puertas cerradas con algunos líderes de cada sector, el secretario de gobierno Municipal, Luis Galvis, manifestó que hay un grupo jurídico estudiando con lupa dicha resolución.
“El alcalde Mello Castro dio la instrucción puntual de conformar un equipo jurídico en el cual se estudie con responsabilidad el contenido de la sentencia, además de como procedieron las anteriores administraciones en estos 11 años. La sentencia como tal no ha sido leída o interpretada de manera completa o general, la sentencia claramente prevé una ponderación de derecho en las que se encuentran los derechos fundamentales de las comunidades que se encuentran en dicho territorio versus el derecho de la propiedad privada que claramente tiene el Mayor Pimienta. Lo que estamos es tratando escudriñar desde el punto de vista constitucional, desde la base constitucional y buscar una salida que resuelva por fin esta situación”, expresó el secretario de Gobierno.
De otro lado, una de las lideresas de los invasores sostuvo, “el secretario de Gobierno en la reunión nos dijo que iba a realizar una nueva reunión este lunes 3 de febrero, ahí conoceremos que pasará, es decir si ellos procedes al desalojo o nos dan otras salidas. El desalojo no debe proceder, somos más de 8 mil familias las que hoy vivimos en estas tierras, aquí hay mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad y discapacitados, el secretario de gobierno además manifestó que el alcalde había dicho que él no quería ir por la violencia, por lo que se van a reunir con el dueño de las tierras el señor Mayor Pimienta para ver a que acuerdos se llegaban”, manifestó Rosaura, quien lleva 11 años viviendo en Altos de Pimienta.
Jeymi Posada, habitante de Brisas de La Popa, y quien protestó el pasado 27 de enero, agregó, “somos más de 7 mil familias entre todas las invasiones las que vivimos hace años en esos predios, le exigimos al alcalde de Valledupar y al gobernador del Cesar que nos dejen vivir ahí, necesitamos soluciones. Nosotros no tenemos donde vivir, el hijo del señor Pimienta que nos busque entonces la solución, sino nosotros tuviéramos donde vivir no hubiéramos invadido donde estamos hoy en día, él no nos puede cobrar unos predios por una cantidad de dinero absurda”.
Otras de las soluciones que manifiestan los habitantes de las invasiones a desalojar, es que ellos pueden pagar los predios mensualmente pero que el señor Pimienta no ha puesto voluntad de su parte, “el alcalde nos tiene que dar una solución, menos desalojar, esa no es la salida, el dueño de los predios y el alcalde deben poner un valor y nosotros le pagamos mensualmente por los predios así sea en algún recibo, pero este debe ser a un costo bajo, no una soma exagerada como lo propone el señor Pimienta”, indicó otra invasora que manifestó que lleva 11 años viviendo en Altos de Pimienta.
De no llegar a ningún acuerdo, las familias de las invasiones han dado a conocer que no permitirán ser desalojados, “no nos vamos a dejar sacar, nosotros no tenemos para donde más coger, la mayoría aquí somos personas desplazadas y vivimos de lo poco que trabajamos, la vía principal de accesos a los barrios la vamos a cerrar, no dejaremos entrar a ningún ente aquí, la gente está coordinada”.