Lo que hace apenas un año fue presentado como una investigación disciplinaria para esclarecer presuntas irregularidades en el control de concesiones de agua en el departamento del Cesar terminó sin sanciones conocidas para funcionarios de Corpocesar. Sin embargo, la historia no concluye con el archivo del expediente.
Documentos conocidos por Semanario La Calle revelan que, aunque la Procuraduría decidió archivar la actuación disciplinaria adelantada por posibles omisiones en el seguimiento a concesiones de agua, la propia autoridad ambiental reconoce que dos usuarios todavía no han presentado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), un instrumento exigido por la normatividad para promover el uso racional del recurso hídrico.
La respuesta, enviada por Corpocesar a este medio tras una solicitud de información, ofrece por primera vez una explicación oficial sobre el destino de una investigación que permaneció durante meses sin resultados públicos y que nació luego de detectarse que al menos quince concesionarios no habrían cumplido con esa obligación ambiental.
No obstante, lejos de cerrar todas las dudas, el documento abre nuevos interrogantes sobre el seguimiento que la autoridad ambiental ha realizado a quienes aprovechan uno de los recursos naturales más estratégicos para el departamento.
Una investigación que terminó archivada
Durante agosto de 2025, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer si funcionarios de Corpocesar habían incumplido sus deberes de vigilancia al permitir que varios usuarios con concesiones de agua continuaran utilizando el recurso sin acreditar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
En ese momento, el caso despertó preocupación porque el PUEAA no constituye un simple requisito administrativo. Se trata del instrumento mediante el cual los concesionarios deben demostrar cómo administran, controlan y optimizan el consumo del agua, especialmente en un departamento donde los periodos de sequía y la presión sobre las fuentes hídricas son una preocupación permanente.
Sin embargo, mediante respuesta oficial remitida a Semanario La Calle, Corpocesar informó que la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Valledupar archivó la actuación disciplinaria el pasado 24 de junio de 2026, al considerar que no existían elementos suficientes para continuar el proceso contra funcionarios de la entidad.
Según la corporación, el organismo de control concluyó que no había mérito para formular cargos disciplinarios, dando por terminada la actuación que durante casi un año permaneció bajo observación.
El expediente se archivó, pero el incumplimiento no desapareció
Aunque el archivo disciplinario representa el cierre de la actuación adelantada por la Procuraduría, la misma respuesta oficial deja claro que el cumplimiento de las obligaciones ambientales no está completamente resuelto.
Corpocesar reconoce que, de los quince usuarios inicialmente observados, trece ya presentaron el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, mientras que dos aún no lo han hecho.
La corporación sostiene que esos casos ya fueron objeto de requerimientos administrativos y explica que las concesiones involucradas corresponden a caudales inferiores a cincuenta litros por segundo, razón por la cual el plazo para cumplir con esa obligación se extendería hasta el 30 de abril de 2028, conforme a la reglamentación vigente.
Además, la entidad argumenta que no todas las concesiones estaban obligadas desde su origen a presentar el PUEAA, debido a que varias fueron otorgadas antes de la expedición de la Ley 373 de 1997 y posteriormente debieron ajustarse a las nuevas exigencias establecidas por el Decreto 1090 de 2018.
Con esa explicación, Corpocesar sostiene que la ausencia inicial del programa no podía interpretarse automáticamente como una irregularidad disciplinaria.
Las respuestas llegaron, pero el hermetismo continúa
Pese a las aclaraciones entregadas por la autoridad ambiental, varias preguntas permanecen sin respuesta.
La entidad no reveló la identidad de los quince concesionarios inicialmente observados ni precisó quiénes son los dos usuarios que aún permanecen pendientes de presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Tampoco informó desde cuándo se encontraban en esa situación, cuáles son las fuentes hídricas comprometidas, el volumen de agua concesionado a cada uno o las actividades económicas que desarrollan.
Esa reserva impide conocer el verdadero alcance de los hallazgos que motivaron la apertura de la investigación disciplinaria y limita la posibilidad de que la ciudadanía conozca el estado real del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con el aprovechamiento del recurso hídrico.
Más aún cuando el agua constituye uno de los activos ambientales más sensibles para el Cesar y el adecuado control de las concesiones representa una responsabilidad fundamental de las autoridades ambientales.
Un expediente cerrado que deja preguntas abiertas
Con el archivo de la actuación disciplinaria, la Procuraduría dio por concluida la investigación iniciada en 2025. Sin embargo, el debate sobre el control de las concesiones de agua está lejos de terminar.
La propia respuesta oficial de Corpocesar confirma que aún existen usuarios pendientes de cumplir una obligación ambiental y que la autoridad continúa adelantando actuaciones administrativas para lograr su acatamiento.
En un departamento donde el acceso al agua sigue siendo un desafío para numerosas comunidades, el control efectivo sobre quienes cuentan con permisos para aprovechar este recurso trasciende el ámbito administrativo y se convierte en un asunto de interés público.
El expediente disciplinario podrá haberse archivado, pero las preguntas sobre la transparencia en el seguimiento de las concesiones, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y el acceso de la ciudadanía a esa información continúan abiertas. Y mientras esas respuestas no sean plenamente conocidas, el debate sobre la gestión del recurso hídrico en el Cesar seguirá vigente.