En Codazzi, Cesar, se vive por estos días un escándalo que pone en tela de juicio la legalidad y transparencia de la operación del sistema de fotodetección electrónica. Lo que comenzó en 2013 como una supuesta alianza estratégica entre el municipio y una empresa privada terminó convirtiéndose en un torbellino jurídico, técnico y social cuyas consecuencias aún están por resolverse.
La historia se remonta al 18 de septiembre de 2013, cuando el entonces alcalde Efraín Quintero Mendoza presentó al Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo 021, que le permitió constituir una sociedad de economía mixta con Millennium Sistems SAS. El objetivo: implementar y operar un sistema integral de tránsito en Codazzi, que incluyó la instalación de cámaras para imponer fotomultas. Todo quedó formalizado en enero de 2015 mediante la escritura pública 0691.
Desde entonces, el municipio cedió buena parte de sus funciones de tránsito a esta sociedad en comandita simple, con un socio gestor privado y el municipio como socio comanditario. Las funciones delegadas fueron amplias y abarcaron desde trámites de tránsito hasta el recaudo de infracciones captadas electrónicamente.
Pero fue en 2023 cuando se desató el verdadero ‘saperoco’. Solo ese año se subieron al sistema 76.529 comparendos electrónicos, una cifra exorbitante para un municipio de tamaño medio. Esto generó una avalancha de inconformidades entre los usuarios, sobre todo por la ubicación de las cámaras en “La Variante”, una vía que, si bien registra alta accidentalidad, no contaba —según denuncias ciudadanas— con las condiciones técnicas mínimas exigidas para aplicar sanciones.
Las anécdotas abundan
Comparendos a vehículos que nunca han pasado por Codazzi, errores en la lectura de placas y hasta un carro estrellado que era transportado en cama baja terminó sancionado, junto al vehículo que lo remolcaba. El punto más crítico llegó en abril de 2024, cuando se realizó un paro ciudadano que logró la retirada de más de 60 mil comparendos del 2023.
Ahora, una nueva arista pone en jaque todo el sistema: la presunta falta de calibración técnica de las cámaras. El veedor ciudadano Raúl Eduardo Silva Díaz denunció públicamente que las cámaras instaladas en las busetas no cumplían con los requisitos del Ministerio de Transporte. Lo más grave: según Silva, en una visita reciente, ni siquiera estaban instaladas. De ser cierto, estamos ante una violación flagrante a las normas, y por ende, los fotocomparendos emitidos con esas cámaras podrían ser nulos y su dinero, sujeto a devolución.
El propio secretario de Tránsito de Codazzi, José Carlos Torregrosa, reconoció que las cámaras están suspendidas por orden del Ministerio de Transporte, tras encontrar fallas en señalización, ubicación y reportes. Es decir, no se trata solo de una denuncia ciudadana: la autoridad competente ya intervino.
Aquí surge la pregunta que todos se hacen: ¿se devolverá el dinero de las fotomultas ya pagadas? Hasta la fecha, 14.055 comparendos del 2023 ya fueron cancelados por ciudadanos que, posiblemente, fueron sancionados de forma ilegal. En 2024, aunque las cifras disminuyeron a 23.936, las dudas persisten.
Este caso deja lecciones profundas. No se trata de estar en contra de la tecnología en el control del tránsito, sino de exigir que se aplique conforme a la ley, con transparencia y rigor técnico. Codazzi merece respuestas claras, sanciones ejemplares si hubo irregularidades, y sobre todo, justicia para los ciudadanos que han sido víctimas de un sistema arbitrario y opaco.
Porque cuando el interés económico se impone sobre la legalidad, la confianza ciudadana se desvanece. Y en Codazzi, esa confianza ya está al borde del colapso.