Esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que obliga a las prisiones federales a recluir a las mujeres transgénero en centros penitenciarios para hombres. La medida también incluye la prohibición de tratamientos médicos relacionados con la transición de género, como procedimientos quirúrgicos y terapias hormonales.
Según la administración Trump, esta política responde a su compromiso de campaña de “detener la locura transgénero” y se fundamenta en la idea de preservar la “realidad biológica del sexo”. La orden también se extiende a los centros de detención para inmigrantes.
Durante su primer mandato, Trump implementó restricciones similares, pero la nueva medida amplía significativamente su alcance.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans han condenado la orden ejecutiva, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, alertó que la política aumentará los casos de abuso sexual y agresiones físicas dentro de las cárceles. “Esto también es perjudicial para los funcionarios penitenciarios, que ahora pierden la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada caso”, afirmó.
La medida ha generado un fuerte debate a nivel nacional, con sectores que la respaldan como un regreso a políticas de distinción de género más estrictas, mientras que activistas y expertos en derechos humanos la consideran una amenaza grave para la seguridad y el bienestar de las personas trans encarceladas.