En diciembre de 2024, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hizo entrega a la Universidad Popular del Cesar (UPC) del Hotel Mayales Plaza, con el fin de que fuera destinado para las prácticas académicas de los estudiantes, así como a la promoción del desarrollo social y educativo de la región. El Semanario La Calle conoció un proceso que originó Eduardo Alberto García Contreras en donde le hace unas solicitudes a la UPC y, por considerar que la universidad no le respondió como debía hacerlo, García Contreras elevó un Recurso de Insistencia, que el Tribunal Administrativo del Cesar acaba de responder a favor de Eduardo García. ¿Qué hay detrás de toda esta situación? La Calle estuvo indagando y encontró algunos hallazgos interesantes.
Qué fue lo que solicitó Eduardo García a la UPC
García Contreras le solicitó a la UPC una relación de los contratos de la vigencia 2024 y 2025, donde se describan los siguientes aspectos: objeto contractual, contratista, supervisión o interventoría, fecha de inicio y terminación, fuente de financiamiento y estado actual del mismo. Además, pidió que se le informara, de manera detallada y por escrito, sobre el Hotel Mayales Plaza, documentos y actos mediante las cuales la UPC, suscribe la administración del hotel, relación del personal que labora con cargo, modalidad de ingreso, salario y objeto del mismo, relación de ingresos y gastos detallados, extractos bancarios donde se relaciones los mismo y funcionario responsable de los recursos, relación de pagos de servicios públicos.
Qué le respondió la UPC al peticionario
Sobre la relación de contratos de las vigencias 2024 y 2025 le dijo que la información relativa a los contratos celebrados por la UPC se encuentra publicada y disponible para consulta pública a través de la página web institucional. Sobre el Hotel Mayales Plaza le respondió que la UPC suscribió un convenio con la SAE, el cual contempla cláusulas de confidencialidad que restringen la divulgación de información de carácter administrativo, financiero y operativo relacionada con este hotel. “En virtud de lo anterior, esta institución se encuentra legalmente limitada para entregar documentos tales como contratos, extractos bancarios, comprobantes de pago de servicios públicos o información sobre la nómina del personal vinculado” se lee en la respuesta.
En la web de UPC no está la información requerida: Magistrada del Tribunal
La magistrada Doris Pinzón Amado fue la encargada de la ponencia del caso. “Considerando que la respuesta que se imparta debe ser de fondo y satisfacer lo que fue objeto de petición, se hizo una revisión de la información contractual contenida en la página de la Universidad Popular del Cesar, de la que se advirtió que a la misma se puede acceder a través de 5 ítems”. Y encontró que “no figura cargada la información contractual de lo que ha transcurrido de la vigencia 2025, pero sí la del año 2024, de la que se concluye que adelantaron 178 procesos de contratación, discriminados así: 45 convocatorias públicas, 70 contratos de prestación de servicios, 28 contratos y 35 órdenes contractuales. No obstante, no existe información relacionada con quiénes ejercieron la supervisión e interventoría de cada uno de esos contratos”.
De lo anterior, la Magistrada concluye que la respuesta sobre este punto de la petición, “no satisface plenamente lo que fue objeto de solicitud, por cuanto del vínculo web de la página del ente universitario no es posible extraer toda la información contractual solicitada, por lo que la accionada debe remitir al petente lo requerido en los términos de la solicitud”.
Decisiones autónomas de UPC no tienen reservas ante la SAE: Magistrada
Sobre la reserva de confidencialidad que alega la UPC con la SAE para no responder a Eduardo García sus requerimientos sobre el Hotel Mayales Plaza, la magistrada Doris Pinzón concluye que se le otorgó carácter de reserva a todo documento que contenga información de la SAE, “que haya sido puesta en conocimiento de la Universidad con ocasión de la administración del bien entregado, así como a los estados financieros; notas explicativas de los estados financieros, informes de gestión, informe de revisor fiscal de los años de 2021 a 2023, así como cualquier otro documento necesario para llevar a cabo eficientemente el objeto del proceso. No así, respecto a la información que implique la toma de decisiones autónomas de la universidad para la adecuada gestión y administración del bien entregado (el Hotel Mayales Plaza)”.
La Magistrada especificó en su sentencia que “no corre la misma suerte la información genérica sobre la composición de la planta de personal destinada a la administración del inmueble transitoriamente entregado a la UPC, la asignación salarial prevista para cada cargo y la modalidad de ingreso definida para los mismos, por ello en este caso, la reserva es relativa y bajo ese contexto deberá suministrarse la información al petente, (a la persona que hizo la petición), pues sencillamente no puede ser negada bajo el argumento escueto de la reserva total que reviste la información relacionada con la Sociedad de Activos Especiales y el objeto del convenio suscrito para tales fines”.
“La UPC debe rendir cuentas de su gestión”: Magistrada del Tribunal del Cesar
Doris Pinzón fue más allá en su sentencia. Dijo que la UPC “debe rendir cuentas de su gestión, del manejo de los recursos públicos, no puede sin justificación alguna relevarse de los deberes que le asisten, en el marco de la reserva de la información que pesa sobre el bien cuya administración tiene a cargo, bien puede como lo solicita el actor rendir un informe o relación de ingresos y gastos, pedimento que si se interpreta íntegramente la petición, está encaminada a que igualmente, se defina la fuente de los recursos con los cuales se han hecho inversiones en ese inmueble, definiéndose si corresponden a recursos propios, recursos de los rubros presupuestales de ‘Estampillas Nación, recursos plan de fomento, recursos PIC y recursos de estampilla UPC”.
Además, en dicho informe se deberá incluir la relación de pagos por concepto de servicios públicos. “Así en estos términos, considera la Sala que no se expone ni revelan datos o información sensible sobre el bien objeto de las medidas de extinción de dominio ni de quienes fungían como titulares de estos”, dice la sentencia. Por eso, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró “no ajustada a derecho la negativa de información por presunta reserva alegada por la Universidad Popular del Cesar”.
¿Por qué la UPC ‘baila el indio’ con información sobre el Hotel Mayales Plaza?
En su Recurso de Insistencia, Eduardo García dice que “durante la vigencia 2024 y 2025, ese claustro universitario ha realizado inversiones significativas en infraestructura en ese inmueble, dotaciones, bienes y servicios, con recursos propios y con recursos de los rubros presupuestales de ‘Estampillas Nación, Recursos Plan de Fomento, Recursos PIC y Recursos de Estampilla UPC (Departamento del Cesar)».
Según fuentes de la misma universidad, consultadas por el Semanario La Calle y que pidieron la reserva de su nombre, esas ‘inversiones significativas’ no aparecen relacionadas ni en la página web ni en el Secop. “Lo que sucede es que las personas a cargo están manejando este hotel como si fuera su propia finca”, dijo una de las fuentes.
¿Por qué Eduardo García pide a la UPC información sobre el hotel?
El Semanario La Calle dialogó con Eduardo García sobre los motivos que lo llevaron a solicitar esta información a la UPC. “Yo he tratado de siempre mantenerme activo frente a los sucesos de la Universidad Popular de Cesar”, dijo. Agregó que elevó la petición “preocupado por el tema de la academia y verificar si el hotel está hoy en día haciendo las funciones que debería hacer en apoyo a esa temas académicos que necesitan. La ruta inicial fue hacer la solicitud a rectoría. Me negaron la información aduciendo que había alguna cláusula de reserva”.
Sobre el hecho de que el Tribunal Administrativo del Cesar le diera la razón a él, dijo que “hasta la fecha (jueves en la tarde), no he recibido ninguna información por parte de la universidad, esperando se cumplan los términos de ejecutoria de la sentencia en este caso para poder tomar las acciones pertinentes, frente a lo que acontece al cumplimiento de la misma”.