La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de La Guajira, ESEPGUA S.A. E.S.P., creada para atender el déficit histórico de agua potable y saneamiento básico en uno de los departamentos más vulnerables del país, se ha convertido en el epicentro de cuestionamientos públicos, denuncias formales y control político, pese a la inversión estatal destinada a cerrar brechas estructurales en el acceso al recurso hídrico.
Inversiones públicas elevadas, resultados incompletos
El Gobierno nacional ha reportado una inversión acumulada superior a los 600.000 millones de pesos en proyectos de agua potable y saneamiento básico para La Guajira. Estos recursos han sido dirigidos a obras de infraestructura, ampliación de cobertura, plantas de tratamiento, sistemas alternativos de abastecimiento y acciones de sostenibilidad, tanto en zonas urbanas como rurales.
Sin embargo, líderes comunitarios, organizaciones sociales y representantes políticos han cuestionado la eficacia real de estas inversiones, señalando que, en la práctica, las obras no se traducen en un acceso continuo, seguro y sostenible al agua potable para una parte significativa de la población guajira.
La crítica se intensifica en municipios con alta vulnerabilidad, donde persisten interrupciones prolongadas del servicio o, en algunos casos, la ausencia total de agua potable.
Quejas ciudadanas y municipios con crisis crítica
Habitantes de municipios como Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha y Albania han elevado reclamos reiterados por la precariedad del servicio. Comunidades indígenas y barrios urbanos denuncian que el suministro, cuando existe, es intermitente, de baja calidad o dependiente de carrotanques, lo que incrementa los costos y profundiza la desigualdad.
“Las tuberías están, pero el agua no llega”, afirman ciudadanos en zonas rurales de Uribia y Manaure, mientras en sectores urbanos de Maicao y Riohacha se reportan cortes prolongados y plantas que no operan a plena capacidad. Estas quejas han sido documentadas por veedurías ciudadanas y organizaciones sociales, que advierten un desfase entre la inversión anunciada y la realidad del servicio.
Señalamientos formales ante entidades de control
En este contexto, la senadora Martha Peralta presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos públicos administrados por ESEPGUA.
Entre los principales señalamientos expuestos se encuentran:
Contratos multimillonarios sujetos a suspensiones, prórrogas y retrasos, que habrían afectado el cumplimiento de metas técnicas y operativas.
Plantas desalinizadoras y sistemas de abastecimiento fuera de operación, pese a haber recibido recursos públicos, lo que limita la capacidad real de suministro de agua potable.
Gastos administrativos elevados, estimados en cerca de 8.000 millones de pesos, considerados desproporcionados frente a los resultados obtenidos en cobertura y continuidad del servicio.
La senadora afirmó que “no es justo que la gente siga muriendo de sed mientras hay una mala gestión de los recursos”, e insistió en la necesidad de que los organismos de control determinen responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, si a ello hubiere lugar.
¿Y qué hace Andreina gritando agua?
En medio de los cuestionamientos, los señalamientos apuntan también a la gerencia de ESEPGUA, encabezada por Andreina Garcia, quien, en su calidad de representante legal y máxima responsable administrativa de la entidad, ha sido llamada a responder por la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos financiados con recursos públicos.
Sectores políticos y veedurías ciudadanas sostienen que la gerencia debe explicar las demoras, fallas técnicas y falta de resultados, así como las decisiones relacionadas con la contratación, la operación de las plantas y el uso de los recursos asignados. Hasta el momento, las explicaciones ofrecidas no han logrado disipar las dudas sobre la gestión de la empresa.
Lo que se ve de la gerente es la calidad de vida que muestra en redes, además de su grito ilógico: «¡aguaaa!, cuando todos en la Guajira notan la ausencia del líquido vital en sus casas.
Antecedentes de auditorías y hallazgos
Auditorías de la Contraloría General de la República, realizadas y revisadas en 2022, identificaron 18 hallazgos administrativos, con posibles incidencias disciplinarias, fiscales y penales, por un valor aproximado superior a 20.000 millones de pesos, relacionados con la gestión de recursos del sector agua.
Desde entonces, según información de los propios entes de control, no se han realizado auditorías integrales recientes, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia, el seguimiento y la correcta ejecución de los contratos.
Controversias jurídicas sobre su creación y existencia
A las fallas operativas se suman controversias jurídicas. En julio de 2025, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la ordenanza que autorizó la creación de ESEPGUA, al advertir irregularidades en el trámite de constitución de la empresa departamental.
Posteriormente, una providencia del mismo alto tribunal ratificó su validez jurídica, argumentando que la participación de varios municipios como socios le otorga sustento institucional y permite su continuidad operativa, aunque el debate legal dejó en evidencia la fragilidad del modelo adoptado.
¿Inversión con impacto real?
La situación de ESEPGUA refleja un dilema estructural en la gestión de servicios públicos en regiones históricamente excluidas: grandes inversiones estatales que no se traducen en mejoras tangibles para la población. En La Guajira, comunidades que aún luchan por acceso efectivo al agua potable continúan esperando que los recursos públicos se conviertan en soluciones reales.