A raíz de la decisión del Consejo de Estado que admitió una nueva demanda que pretende dejar sin efecto la elección de Adriana Margarita García Arévalo como directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar para el periodo institucional 2024–2027, el Semanario La Calle recabó en las denuncias que se le han hecho a García Arévalo, quien insiste en mantenerse en el cargo a pesar de las investigaciones que tiene en curso.
La determinación del Consejo de Estado, la alta corporación de justicia, vuelve a poner bajo la lupa la estabilidad jurídica de la entidad ambiental más importante del departamento y reaviva un debate que no es nuevo.
La admisión de esta acción judicial se suma a una serie de denuncias, cuestionamientos y procesos que han rodeado la gestión de la directora desde su llegada al cargo. En varios momentos, el Semanario La Calle ha publicado investigaciones y notas periodísticas donde se exponen presuntas irregularidades en su elección, actuaciones administrativas controvertidas y señalamientos sobre participación en política.
Las denuncias documentadas por el Semanario La Calle
A lo largo de los últimos meses, el Semanario La Calle ha venido informando sobre distintos hechos relacionados con la dirección de Corpocesar. Entre ellos, se han reseñado demandas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, actuaciones disciplinarias y controversias internas en la entidad.
Las publicaciones han señalado presuntas inconsistencias en el procedimiento de elección, advertencias de veedurías ciudadanas y críticas de sectores que consideran que la corporación atraviesa un momento de alta politización. Estas denuncias han sido presentadas como parte del ejercicio periodístico de control y seguimiento a la gestión pública, dejando constancia de los documentos y actuaciones oficiales conocidos.
En ese contexto, esta nueva demanda no surge de manera aislada, sino dentro de un escenario en el que la elección de la directora ha sido objeto de debate jurídico y político desde sus inicios.
¿Qué plantea la nueva demanda?
La acción admitida por el Consejo de Estado plantea que podría configurarse una reelección prohibida y que existirían presuntas irregularidades en el procedimiento que culminó con la designación de García Arévalo para el actual periodo.
Los demandantes sostienen que se habría vulnerado la normativa que regula la elección de los directores de las corporaciones autónomas regionales, particularmente en lo relacionado con la limitación de reelección establecida en la ley.
Sin embargo, es fundamental precisar que la admisión de la demanda corresponde a una etapa preliminar del proceso. En términos jurídicos, significa que el alto tribunal encontró que el medio de control cumple con los requisitos formales y sustanciales mínimos para su trámite, pero no implica que exista una decisión de fondo sobre la legalidad o ilegalidad del acto acusado.
La negativa a suspender el acto
Uno de los puntos clave del auto admisorio es que el Consejo de Estado negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección.
Esto significa que, tras un análisis inicial, el tribunal no encontró una violación evidente, manifiesta o flagrante del ordenamiento jurídico que justificara suspender de manera inmediata los efectos del acto administrativo.
En consecuencia, el acto de elección mantiene su presunción de legalidad mientras avanza el proceso judicial, y la directora continúa ejerciendo sus funciones al frente de la corporación.
La respuesta de la directora
Frente a esta nueva demanda, Adriana Margarita García Arévalo explicó que, desde la perspectiva del derecho administrativo y electoral aplicable a las corporaciones autónomas regionales, la admisión de la demanda no constituye un fallo en su contra.
Según indicó, esta etapa procesal garantiza el acceso a la administración de justicia, pero no implica que las pretensiones del demandante vayan a prosperar.
La directora destacó además que el mismo Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional, lo cual según su interpretación evidencia que no se encontró una vulneración clara del ordenamiento jurídico que justificara apartarla del cargo mientras se decide el fondo del asunto.
Asimismo, aclaró que, aunque se han producido tres designaciones dentro de este contexto, no se trata de elecciones correspondientes a períodos distintos ni de una reelección en sentido jurídico. Señaló que todas las actuaciones hacen parte del mismo proceso electoral y del mismo periodo institucional 2024–2027, el cual no ha concluido.
En ese sentido, sostuvo que no se configura el supuesto previsto en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1263 de 2008, que limita la elección para un nuevo periodo institucional, ya que en este caso no se estaría frente a una nueva elección sino a actuaciones derivadas de decisiones judiciales dentro del mismo periodo en curso.
Señalamientos políticos y debate público
Más allá del escenario estrictamente jurídico, la gestión de la directora también ha estado marcada por cuestionamientos políticos.
El Semanario La Calle ha publicado denuncias relacionadas con presuntos vínculos políticos entre la directora y el representante a la Cámara Kaleb Villalobos, exdirector de la corporación. Sectores críticos han señalado que existiría influencia política en la entidad y que Corpocesar se habría convertido en un escenario de disputa partidista.
Estas afirmaciones han sido negadas por la funcionaria, quien ha defendido la legalidad de su elección y la autonomía de su gestión.
Esto dice la oposición
La Calle se comunicó con una fuente anónima con el propósito de conocer el concepto de lo que se supone que es una voz opositora dentro de Corpocesar ; no obstante, a pesar de la insistencia de este periódico, evadió siempre la respuesta directa. Su primera respuesta fue un pantallazo en donde aparece la información en una red social de la noticia sobre la recepción de la demanda del Consejo de Estado, además del link de la noticia que publicó este semanario en una de sus redes de este mismo tema. Al insistírsele en que diera su opinión, respondió: ¨ El Consejo de Estado, admitió la demanda. Y está en ese proceso de desarrollo de la demanda. Hasta que haya falló definitivo de parte del Consejo de Estado.