En la edición del 22 de septiembre, el Semanario La Calle publicó el doble escándalo que envolvía al alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón González, al quintuplicar, en un año, los gastos de un evento deportivo. Y lo más grave es que el contrato para realizar el evento se lo dio a una fundación vinculada a la familia materna del alcalde Aragón González. Se trata de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Sumuywajat, cuyo representante legal es Antonio Jayariyu: analistas maicaeros que se comunicaron con el Semanario La Calle recordaron que el actual representante legal de la asociación Sumuywajat pertenece al mismo clan matrilineal del alcalde Aragón González: Jayariyu. Hay que recordar, además, que Josefa González Palmar, la difunta madre del actual primer mandatario de Maicao, fue cofundadora y coordinadora de esta asociación. La Calle conoció que ya hay una demanda ante la Procuraduría General de la Nación interpuesta por un ciudadano Wayúu contra el alcalde Miguel Aragón, precisamente, por presunto conflicto de intereses.
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Abrir en una nueva pestaña Otros contratos con la fundación vinculada a la familia materna
El Semanario La Calle conoció la ‘Memoria Económica’ de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Sumuywajat, correspondiente al año gravable 2024, donde detallan dos contratos suscritos con la administración de Miguel Felipe Aragón. Uno por $15.269.641.497 para la “prestación del servicio para administrar la canasta parcial de la población étnica de las instituciones educativas indígenas no. 3, no. 8, no. 5 y en el centro educativo indigena no 5 ubicada en el municipio de Maicao, La Guajira, para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) de acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto 2500 de 2010, contenido en el decreto 1075 de 2015”.
Y otro por $1.318.659.000 para la “prestación del servicio administración de la canasta parcial complementaria – componente transporte escolar especial étnicos a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos indígenas en el municipio de Maicao, como estrategia de permanencia en el sistema educativo para la vigencia 2024”.
La denuncia ante la Procuraduría es por un tercer contrato con la misma fundación
Bajo el número de radicado E-2025-428245, un ciudadano Wayúu, con quien dialogó el Semanario La Calle, interpuso la denuncia por ventanilla ‘Sede Electrónica’. “Se realiza denuncia pública en contra del alcalde de Maicao por indebida celebración de contrato por celebrar contrato escolar de manera directa con una asociación donde una de las autoridades es tía materna del señor Miguel Felipe Aragón González”, dice la demanda conocida por La Calle.
“El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada”, certifica el documento. De acuerdo al memorial conocido por este periódico, se trata de una “denuncia por presuntas irregularidades y posible conflicto de intereses en el contrato de prestación de servicio educativo para administración de la canasta parcial de la población étnica SEIP-RE-MM-003-2024”. El valor del contrato asciende a la suma de trece mil cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos con setenta y nueve centavos ($13.468.250.372,79).
Tía del alcalde es autoridad legítima y asociada de la fundación
Según el documento radicado ante la Procuraduría General de la Nación, “dentro de la composición de la asociación contratista (Sumuywajat), figura como autoridad legítima y asociada activa la señora Florentina González. Su reconocimiento como autoridad tradicional de la comunidad indígena Kalekishimana consta en la Resolución 013 del 11 de febrero de 2020 del Ministerio del Interior, situación que se mantiene vigente, siendo la anteriormente mencionada tía materna del actual mandatario y primera autoridad municipal, el señor Miguel Felipe Aragón González”.
“Se denuncia por la protección de los Wayúu ”, dice indígena denunciante
De acuerdo al memorial, “la presente denuncia se eleva con profunda preocupación por la salvaguarda de los recursos públicos y la protección de los derechos de las comunidades Wayúu, cuya grave situación ha sido reconocida por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira respecto al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, salud, agua potable y participación de los niños y niñas Wayúu ”.
Piden iniciar investigaciones disciplinarias y anulación del contrato
El ciudadano Wayúu pide en su denuncia “iniciar de oficio las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales que correspondan para determinar la responsabilidad del alcalde municipal, Miguel Felipe Aragón González, de la Secretaría de Gobierno, Florentina González, y de los demás funcionarios que hayan participado en el proceso de contratación SEIP RE-MM-003-2024”.
Además, “como medida cautelar, y para proteger los recursos públicos y el interés general, solicitar la suspensión provisional del contrato mientras se adelantan las investigaciones y de comprobarse las irregularidades, se proceda a solicitar ante la jurisdicción competente la declaración de nulidad absoluta del contrato y se tomen las medidas necesarias para el reintegro de los recursos públicos que se hayan ejecutado”.
“Los Wayúu esperamos celeridad debida de los ente de control en este proceso”: denunciante
En el documento que presentó ante la Procuraduría, el indígena expresó que “la ciudadanía y, en especial, las comunidades Wayúu, depositamos nuestra confianza en que los entes de control actuarán con la celeridad y contundencia que esta grave situación amerita, sentando un precedente contra la corrupción y la apropiación indebida de los recursos que deben destinarse al bienestar de nuestros pueblos”.
“El alcalde Aragón González es beneficiado de la fundación”: denuncia ante Procuraduría
El memorial presentado ante la Procuraduría dice que “un servidor público está en conflicto de intereses cuando su interés particular y directo (o el de sus parientes o asociados) pueda influir en el cumplimiento de sus funciones. El señor Miguel Felipe Aragón González, como alcalde, tiene el deber de proteger los intereses del municipio. Simultáneamente, como beneficiario de la asociación contratista, tiene un interés en el éxito y beneficio económico de esta. Esta dualidad de intereses compromete la objetividad, transparencia e imparcialidad que deben guiar la gestión pública”.
Denunciante pidió protección
En la misma denuncia, el ciudadano Wayúu pidió “que se garantice mi derecho a la reserva de identidad como denunciante, conforme a las disposiciones legales sobre protección a testigos y denunciantes de actos de corrupción”.