En Uribia, la violencia habló primero. Siete disparos rompieron la noche del 22 de marzo. No hubo advertencias. No hubo robo. Sólo un sicario que llegó, apuntó y descargó su arma contra Caterine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años con ocho meses de embarazo. Las balas no solo impactaron su cuerpo. Sacudieron un caso que, días después, terminaría convertido en un laberinto de versiones, intereses y sospechas. Porque lo que vino después no fue silencio. Fue ruido. Entre el atentado contra una psicóloga embarazada, la difusión de un video íntimo y versiones cruzadas sobre capturas y hackeos, el nombre del mandatario de Manaure (municipio vecino a Urtibia), Jhon Galvi Pimienta Jusayú, quedó en el centro de una tormenta que aún no tiene verdad clara.
Del atentado al escándalo

Mientras los médicos luchaban por salvar dos vidas —la de la madre y la de la bebé, extraída mediante cesárea de emergencia— el caso empezó a moverse en otra dimensión: la digital. Un video íntimo comenzó a circular en redes sociales. Lo grave no fue solo su contenido, sino su origen: fue publicado desde cuentas asociadas al alcalde de Manaure, Jhon Pimienta.
En cuestión de horas, el caso dejó de ser únicamente un atentado sicarial para convertirse en un escándalo público. En redes, sin confirmación oficial, empezaron a tejerse versiones que vinculaban a la víctima con el mandatario. El ingrediente estaba servido: violencia, intimidad expuesta y poder político.
El hackeo como explicación
La respuesta institucional de la administración del municipio salinero fue inmediata: hackeo. El alcalde y la Alcaldía de Manaure aseguraron que sus cuentas fueron vulneradas y que el contenido difundido había sido manipulado. Incluso, se anunció la interposición de denuncias ante la Fiscalía para dar con los responsables.
El propio mandatario, acompañado de su entorno familiar, negó cualquier relación con la joven atacada, pero la explicación no logró contener la expansión del caso porque en escenarios de alta exposición pública, la versión oficial compite —y muchas veces pierde— frente a la velocidad de la sospecha.
La narrativa que se desbordó
A partir de ese momento, el caso dejó de avanzar sólo en los despachos judiciales y comenzó a moverse con fuerza en redes sociales y portales digitales. Sin pruebas concluyentes ni confirmaciones oficiales, se instalaron hipótesis: una supuesta relación entre el alcalde y la víctima, un posible vínculo con el embarazo, e, incluso, una narrativa más grave: que el atentado podría estar conectado con esa historia personal. Nada de eso ha sido confirmado por las autoridades, pero tampoco ha sido completamente desactivado en la conversación pública. Y ahí radica el corazón del problema: cuando la información es incompleta, el vacío lo llena la especulación.
La “orden de captura” que agitó el caso
Como si faltara un elemento más para el caos, comenzó a circular una versión explosiva: la supuesta orden de captura contra el alcalde de Manaure por su presunta participación en el atentado. El dato corrió rápido, demasiado rápido; sin embargo, otra vez, la institucionalidad salió a desmentir. La Alcaldía calificó la información como “totalmente falsa”, aseguró que no existe ninguna decisión judicial en ese sentido y anunció acciones legales contra quienes difundieron la versión.
Hasta ahora, no hay confirmación oficial de medidas judiciales contra el mandatario. El caso, entonces, quedó atrapado entre dos fuegos: la viralidad de las acusaciones y la falta de decisiones concluyentes.
¿Por qué el alcalde?
La pregunta clave no es menor: ¿por qué, en medio de este caso, el nombre del alcalde terminó en el centro? Hay tres elementos que explican su aparición en la historia: Primero, la difusión del video desde cuentas vinculadas a él. Ese hecho, por sí solo, lo convirtió en actor involuntario —o al menos visible— del escándalo. Segundo, la naturaleza del contenido. Al tratarse de un video íntimo, cualquier insinuación de vínculo personal con la víctima amplificó el impacto. Tercero, el contexto. En territorios donde la confianza institucional es frágil, la ciudadanía tiende a sospechar del poder antes que a respaldarlo. Esa combinación fue suficiente para que el caso se desplazara del terreno criminal al político.
Una verdad que aún no aparece
Hoy, con la víctima fuera de peligro y en recuperación (afortunadamente), el caso sigue abierto en múltiples frentes. Las autoridades investigan el atentado: quién disparó y, sobre todo, quién ordenó. En paralelo, se intenta establecer el origen real del video: si hubo hackeo, manipulación digital o una filtración con intencionalidad. Y en el fondo, persiste una tensión mayor: la distancia entre lo que se dice en redes y lo que se puede probar en un expediente.
Entre la violencia y la sospecha
Este no es sólo un caso de sicariato. Tampoco es únicamente un escándalo digital. Es una historia donde se cruzan violencia física, exposición íntima, poder político y desinformación. Una mezcla que no sólo afecta a una víctima, sino que distorsiona la percepción de la verdad.
Porque en medio de todo, hay un riesgo evidente: que el ruido termine sepultando los hechos. Y que, entre versiones, desmentidos y teorías, lo esencial se pierda: ¿Quién disparó?, ¿quién ordenó? y ¿quién —si es que alguien— está usando esta historia para construir otra narrativa?
El caso que nadie logra cerrar
Por ahora, el expediente sigue abierto. El alcalde niega, denuncia y contraataca. Las redes acusan, especulan y amplifican. Las autoridades investigan, pero sin conclusiones públicas de fondo. Y en el centro, una mujer que sobrevivió a siete disparos y a una exposición que no pidió. Este caso, más que respuestas, deja una advertencia: en Colombia, hay historias donde la violencia no termina en la escena del crimen. A veces, apenas comienza ahí.
“Son ataques políticos debido a la excelente gestión que he hecho”: alcalde Jhon Pimienta
El Semanario La Calle se comunicó con el alcalde Jhon Pimienta, con quien sostuvo el siguiente diálogo.
Alcalde, ¿cómo sale usted involucrado en toda esta situación?
Pues, hombre, primero que todo, solidaridad para la psicóloga Catherine Torres, que sufrió un atentado. Lastimosamente, mis redes se vieron involucradas en una publicación de unos videos que son falsos, que los videos no son de ellas, pero también fueron montajes y utilizaron mis redes, especialmente la de Instagram, que fueron hackeadas. Yo hice el comunicado, todo, hice la respectiva denuncia ante la Fiscalía General, pero pienso que esto lo hicieron con dos intenciones. Primero, con la intención de seguir difamando el nombre y la integridad y la dignidad de una mujer, que, obviamente, está afectada. Y segundo, con fines políticos: Son ataques políticos, de pronto, como que desinformando todo eso, porque yo he hecho una buena gestión en el año 2025 y seguiré haciendo una buena gestión en el año 2026. Y seguir trabajando por todos los manaureros y los que confiaron en mí, porque salí con una excelente votación.
Alcalde, también salió la versión en algunos portales de una supuesta captura suya. ¿Son tan grandes esos enemigos políticos que podrían ellos generar a toda esta situación? Usted, incluso, habló de que ya instauró la denuncia correspondiente. ¿Cómo va eso?
Yo no estoy vinculado en el proceso de la investigación por parte de la Fiscalía General. Entonces, la orden de captura nunca existió, nunca lo hubo. Yo estoy trabajando desde el día lunes en mi despacho. Eso fue el sábado de Semana Santa. Yo estaba disfrutando en familia, ahí en el corregimiento de Mayapo, un sitio turístico muy atractivo. Hasta allá han llegado. Esa es la gente en medio del desespero, de difamar, de confundir a la gente. Todo eso ha llegado a su extremo. Después hablaron de un allanamiento, que allanaron mi casa, que encontraron plata en la piscina, todo eso. Entonces, todo lo que han montado es totalmente falso.
De todas maneras, es una situación difícil tanto para usted como para su familia. Hemos notado que ha salido usted también a aclarar con su esposa, que le ha tenido el apoyo público. ¿Cómo ha sido esta situación en su casa, en su hogar, con su familia?
Bueno, gracias a Dios mi esposa está tranquila. Ha tomado las cosas con calma. Me ha apoyado 100% en este proceso. El apoyo de ella ha sido incondicional. Mis hijos también. Y han entendido que este es un ataque sistemático a través de esas redes que hoy en día, sobre todo en las plataformas digitales, que multiplican las cosas muy rápido sin averiguar de fondo el origen o la veracidad de la información


En Uribia, la violencia habló primero. Siete disparos rompieron la noche del 22 de marzo. No hubo advertencias. No hubo robo. Sólo un sicario que llegó, apuntó y descargó su arma contra Caterine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años con ocho meses de embarazo. Las balas no solo impactaron su cuerpo. Sacudieron un caso que, días después, terminaría convertido en un laberinto de versiones, intereses y sospechas. Porque lo que vino después no fue silencio. Fue ruido. Entre el atentado contra una psicóloga embarazada, la difusión de un video íntimo y versiones cruzadas sobre capturas y hackeos, el nombre del mandatario de Manaure (municipio vecino a Urtibia), Jhon Galvi Pimienta Jusayú, quedó en el centro de una tormenta que aún no tiene verdad clara.